La regidora Neus Truyol, este martes en rueda de prensa. | Mónica González

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El Ayuntamiento de Palma está a favor de la propuesta del Govern de cesión de suelo público a promotores privados para la construcción de viviendas de protección oficial, pero propone que sea por un tiempo máximo de 40 años, frente a los 75 años que ha propuesto el Ejecutivo balear.

Así lo informó la martes la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, quien declaró que «pensamos que es un tiempo suficiente para que los promotores puedan recuperar la inversión hecha y que la administración recupere viviendas que puedan tener cierto valor».

Además, Truyol añadió que desde el Consistorio se reclamará también que los precios de estas viviendas estén tasados por la administración competente, que sean solo en régimen de alquiler y que se trate de proyectos urbanísticos y arquitectónicos de calidad y adaptados al entorno. También se pondrá como condición que contemplen la diversidad de usos y que sea la administración quien defina qué usuarios ocuparán estas viviendas (a través de los servicios sociales, por ejemplo, o la Oficina Antidesahucios).

Dentro de esta cesión de solares, la responsable municipal explicó que también podrían entrar los solares para equipamientos y realizar viviendas dotacionales, «que es una figura nueva en la que estamos trabajando ya que hay una diversidad de necesidades de viviendas». Así, expuso que «a veces hay necesidades de vivienda temporal para personas jóvenes o personas mayores que viven solas y esta modalidad es interesante porque permite construir viviendas de manera complementaria a un equipamiento». En este caso se trata de viviendas algo más pequeñas que la media habitual y con espacios comunes para la convivencia entre las personas que residen.

Enmarcado en el frente común puesto en marcha entre Cort y el Govern para combatir la emergencia habitacional que padece la ciudad, «una situación que no se había dado nunca», la responsable municipal anunció hoy la aprobación en la Gerencia de Urbanismo de un proyecto de construcción de 19 viviendas de protección oficial en uno de los ocho solares cedidos por el Ajuntament al Ibavi, en este caso en el barrio del Amanecer. A partir de esta cesión de solares hay programados 195 viviendas de protección oficial y una inversión total de unos 25 millones de euros por parte de la Conselleria de l'Habitatge.

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Recordó que en Palma hay actualmente un 0,5% de viviendas protegidas, «por lo que tenemos mucho recorrido para llegar a los porcentajes de estándares europeos del 10, el 15 e, incluso, el 20%», dijo, para añadir que «estas cifras son un síntoma de la dejadez de anteriores legislaturas».

Truyol destacó la puesta en marcha de medidas para asegurar la corresponsabilidad de los grandes tenedores, básicamente los bancos y los fondos buitre. En este sentido, anunció que ha reclamado a la Conselleria, que ya está trabajando en estas medidas, «que el Consistorio palmesano también pueda ser un actor activo dentro de esta interlocución con los bancos y fondos buitre para tener derecho al tanteo y retracto que se está planteando desde el Govern». «Entendemos que todas las administraciones con competencias en vivienda tenemos que tener acceso a este derecho de tanteo y retracto para poder adquirir más vivienda pública y dar respuesta a esta situación de emergencia», apuntó.

También recordó el compromiso para agilizar la tramitación de licencias pero, sobre todo, para agilizar al máximo la tramitación de los proyectos de vivienda pública.

Destacó, asimismo, el propósito del Ayuntamiento de crear, junto al Ejecutivo balear y otras instituciones como la UIB, el Observatorio de la Vivienda «para poder conocer las dinámicas sociales y económicas que influyen en el mercado inmobiliario y poder innovar en políticas para poder freno a la especulación de la vivienda».

Dentro de este paquete de medidas Cort también requerirá que una parte importante de los fondos estatales de la vivienda se destinen a rehabilitación de barrios. Y se reclamará al Ejecutivo balear que colabore de forma estrecha con la Oficina Antidesahucios.