Vista general de 'Corea'. | Redacción Local

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Los okupas de los pisos del Camp Redó propiedad del Ajuntament sólo se irán con una sentencia judicial. Este jueves se celebraron en Palma los dos primeros juicios a raíz de denuncias del Patronat Municipal de l Habitatge, gestor de estas viviendas.

Los dos acusados en los sendos juicios por delito leve rechazaron el acuerdo que les proponía Cort, que pasaba por una fecha consensuada para su marcha de los edificios y una multa mínima por un delito de usurpación.

La diferencia es que fuerzan una sentencia contraria de la magistrada y que, en ella, la fecha de desalojo será fijada por el juzgado y tendrá que ser acatada, aunque pueden ganar tiempo con un recurso ante la Audiencia Provincial.

Un tercer juicio, que estaba señalado para este jueves en el Juzgado de Instrucción 5 de Palma tuvo que ser suspendido porque el denunciado en este procedimiento ha abandonado la vivienda y es otra persona quien ahora la habita de manera ilegal.

En total son siete los okupas los denunciados y que pasarán por estos procedimientos judiciales. El Ajuntament tiene viviendas alquiladas y okupadas en Camp Redó, como también las tiene el Institut Balear de l Habitatge (Ibavi), dependiente del Govern balear, si bien muchas se encuentran tapiadas y en mal estado y precisan una reforma.