Los propietarios pagan las escaleras, de las que se benefician todos los ciudadanos. | Jaume Morey

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Las galerías de la Plaça Major terminarán en los tribunales si Cort no rectifica y cumple la normativa en vigor. Así de claro lo expresa la comunidad de propietarios, que en ningún caso se da por disuelta, como ha manifestado el Pacte. El portavoz de la comunidad, Bernardo Feliu Amengual, asegura que «yerra el Ajuntament de Palma cuando indica, sin ninguna base jurídica para ello, que la comunidad de propietarios ha quedado disuelta con ocasión de haber rescatado la concesión de 62 locales, ya que es de la mayor evidencia que la comunidad de propietarios y su junta correspondiente continúa en el futuro en base a los establecido en el título constitutivo del edificio y de la Ley de Propiedad Horizontal».

En este sentido, puntualiza que el artículo 23 de la citada Ley establece que los motivos por los que puede extinguirse la comunidad son por «la destrucción del edificio cuando el coste de la reconstrucción exceda del 50 % del valor de la finca al tiempo de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro» o bien por «conversión en propiedad o copropiedad ordinarias».

La comunidad de propietarios convocará -también a Cort- una junta extraordinaria la próxima semana en la que se informará de la reversión de 62 locales en concesión al Consistorio. Allí se le reclamará judicialmente a la entidad municipal que abone los más de 300.000 euros que han dejado a deber los inquilinos. Además, precisan que Cort, que tiene un voto, no lo podrá ejercer por su condición de moroso.

Feliu argumenta que el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que «el Ajuntament vendrá obligado a satisfacer los gastos comunitarios que en su caso no hubieren satisfecho los anteriores concesionarios, desde enero de 2016».

El administrador de la comunidad, Bartolomé Castañer, explica que la situación económica de la comunidad es «súper crítica».

El administrador también señala que no entregarán las llaves de acceso a Cort -el Pacte ha dicho que se las ha requerido- y seguirán prestando todos los servicios, incluido el de las escaleras. Por tanto, entiende que el Ajuntament debe abonar los 14.000 euros mensuales que le corresponden. El portavoz de los propietarios añade que «Cort no puede en modo alguno asumir dichos trabajos de mantenimiento y conservación y pago de servicios ya que ‘ex llege’ (según ley) no le corresponde y su intromisión en tales trabajos puede rayas el ilícito penal».

Además, insiste en que desean lo mejor para el futuro de las galerías, pero defiende que «Cort no puede sustituir por una dictadura municipalista los derechos democráticos que confiere a los propietarios la vigente Ley de Propiedad Horizontal». Lamenta que los gobernantes no se han preocupado de este asunto.

Rechazo al concurso de ideas

El Pacte rechazó este viernes la propuesta de Cs de realizar un concurso de ideas para «la mejora definitiva de los accesos desde la parte baja de la ciudad por La Rambla a la parte alta, la Plaça Major». La regidora de Infraestructures, Angélica Pastor, explicó que junto los técnicos de Mobilitat están trabajando en un proyecto, que no quiso desvelar. Pastor argumentó que se trata de un espacio protegido y consideró más oportuno que trabajen los técnicos municipales. La oposición y la defensora de la Ciudadanía, Ana Moilanen, pidieron a Cort una solución ya y criticaron el retraso en este asunto.