La vulnerabilidad se puede complicar si las personas no pueden acreditar ser titulares de una cuenta bancaria. | J. M. Giménez

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La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma ha abierto un expediente en relación con la denominada exclusión financiera por parte de bancos que afecta a un cierto número de residentes.

La defensora, Anna Moilanen, explica que «se trata de la imposibilidad que tienen algunas personas en situación de vulnerabilidad de abrir una cuenta en una entidad financiera».

Esto es importante, asegura, «porque supone que, en el ámbito de la administración municipal, esas personas no pueden optar a servicios y prestaciones sociales y económicas públicas ya que no pueden acreditar la titularidad de una cuenta bancaria. Sin una cuenta bancaria, hoy por hoy, resulta imposible para la administración transferir ayudas económicas». Moilanen reconoce que se trata de un asunto complejo por cuanto «afecta al acceso a ayudas sociales amparadas en derechos fundamentales».

La legislación, explica, es clara al respecto y prevé la gratuidad de las cuentas conocidas como ‘cuenta de pago básica’, «pensadas para garantizar los derechos de esas personas vulnerables». El Decreto ley 19/2017, de 24 de noviembre, publicado en el BOE el 24 de noviembre de 2017, y el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, establecen los criterios por los cuales se regula la cuestión, añade Moilanen. «Se trata, por tanto, de un derecho recogido en el ordenamiento jurídico que además es fruto de una transposición de directivas europeas y que ampara a cualquier residente de la UE en cualquier país de la Europa comunitaria».

En cuanto a los casos de los que ha tenido conocimiento, la defensora asegura haber constatado «la buena disposición de los Servicios Sociales municipales, que en su afán por facilitar servicios y prestaciones han elaborado algunos documentos que permiten acreditar a la ciudadanía su situación de vulnerabilidad y han orientado bien a las persones susceptibles del servicio financiero de ‘cuenta de pago básica’».

Sin embargo, Moilanen denuncia que «por los datos de que disponemos, tenemos constancia de que las entidades financieras no facilitan la creación de dichas cuentas, ya sea con informe de Servicios Sociales o sin él, provocando con ello casos de exclusión financiera e, indirectamente, el bloqueo de servicios y prestaciones sociales que podrían afectar a sus derechos fundamentales de estas personas».

Así, desde la Oficina de la Defensora se está trabajando en diversos frentes. «El primero es el de dar a conocer la situación para que las entidades responsables acaben de definir la forma que permita garantizar el servicio de la ‘cuenta de pago básica’ de la manera más adecuada, puesto que los criterios ya están recogidos y no caben excusas».

Otra de las actuaciones ha sido la de trasladar este problema al defensor del Pueblo. «Teniendo en cuenta que esta situación podría afectar a ciudadanos de todo el Estado era oportuno comunicar el caso», apunta. La defensora insiste en la necesidad de «encontrar la mejor vía de interlocución con las entidades financieras para resolver esta situación».