Los vertidos de aguas pluviales y fecales se producen cuando llueve por el colapso de la depuradora. | Pilar Pellicer

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La excúpula de Emaya se podría enfrentar a penas de hasta cinco años de cárcel por el caso de los vertidos de aguas mixtas en playas de Palma.

Como ya se informó, el juez instructor, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares, procedió hace unos días a la imputación de la expresidenta de Emaya y actual regidora de Model de Ciutat de Cort, Neus Truyol. La exgerente Imma Mayol ya había sido imputada una semana antes. Del mismo modo, también se investiga a otros tres altos cargos de Emaya vinculados a temas de gestión del agua. Sobre ellos, la Fiscalía mantiene una acusación formal al entender que cometieron un delito medioambiental y malversación de fondos por no tomar medidas para evitar que los vertidos de la depuradora terminen en el mar, una situación que se produce desde hace años cada vez que llueve, como este martes.

Según ha podido saber este periódico, a tenor de los delitos que se les imputan y en aplicación al artículo 325.1 del Código Penal, los investigados podrían enfrentarse a «penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años».

Es la condena que este artículo contempla para quienes «contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, (...) en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas».

Los investigadores consideran acreditado que los exresponsables de la empresa han cometido el delito que describe este artículo y por eso tienen previsto reclamar su aplicación. Pero la responsabilidad no termina ahí, ya que según el resultado de las analíticas de las aguas afectadas, la Fiscalía podría solicitar también la aplicación del punto 2 del mismo artículo 325 que contempla que: «Si las anteriores conductas pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años». Añade que «si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado».

Agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron en días pasados un registro en la sede de Emaya así como en la depuradora de Palma.

Secreto del sumario

A partir de la semana que viene está previsto que se levante el secreto de sumario del ‘caso Emaya’ que investiga, a raíz de la denuncia de un particular, los vertidos de la depuradora al mar, desde hace más de diez años. También se investiga otro supuesto delito de malversación de fondos públicos, ya que en lugar de resolver este problema, Emaya ha destinado importantes cantidades de dinero a otros fines, como la compra de contenedores.