La falta de viviendas sociales es uno de los principales problemas de la ciudad de Palma. | Archivo

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El Ajuntament de Palma ha recibido tan solo dos ofertas con un total de tres viviendas (una ofrece una y la otra, dos) dentro del concurso abierto por parte de Cort para la adquisición de pisos que puedan complementar los servicios de acogida municipal. No obstante, desde el área de Urbanisme se matiza que una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, ahora se tiene que reunir la mesa que decidirá si las viviendas ofrecidas cumplen los requisitos establecidos y, por tanto, si se pueden adquirir o no por parte del Consistorio.

Esta cifra queda muy por debajo de las estimaciones del equipo de Gobierno, ya que el día que se presentó la iniciativa el concejal de Urbanisme, José Hila, estimó que se comprarían unos diez pisos.

Hila anunció en abril la apertura de un concurso para adquirir pisos a ciudadanos particulares que se destinarán a estancias temporales de familias vulnerables y víctimas de la violencia de género. Al concurso se destinan 950.000 euros provenientes de la Ley de Capitalidad de las áreas de Benestar Social (625.000 euros) e Igualtat (325.000 euros). La iniciativa, dijo Hila, debía servir para ampliar, mientras se construyen nuevas promociones, el stock de viviendas sociales que se tienen, que es de alrededor de 400 pisos, todos ocupados en estos momentos.

Cort busca pisos entre 1 y 4 habitaciones, como mínimo de 45 metros cuadrados y máximo 120 metros cuadrados. El criterio que más puntua es el del precio, hasta un 50 % de la ponderación. Se fijó una cantidad máxima de 1.700 euros por metro cuadrado.

También se tienen en cuenta criterios técnicos, como el estado de conservación, que sea accesible y su antigüedad (puntúa más un piso nuevo que otro antiguo). Otros criterios son sociales, como las conexiones con el transporte público o que haya equipamientos educativos y sanitarios en los alrededores. Por último se valora un criterio de zonificación, da puntos estar en una zona con un valor catastral superior a los 40.000 euros. El objetivo es que los pisos que se compren no estén en barrios vulnerables.

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, declaró que estos pisos contribuirán a ampliar los servicios de acogida municipal (SAM), que en estos momentos cuentan con 54 plazas de corta estancia y 55 de larga estancia, pero ningún piso.