Santos Cerdán. Imagen de archivo | Foto: Efe

TW
7

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, ha presentado un recurso contra su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, dictado por el Tribunal Supremo, que le atribuye un «específico papel» en la trama Koldo y que ve indicios de que recibió y repartió «mordidas» de constructoras por adjudicaciones irregulares.

Según indican a EFE fuentes jurídicas, la defensa de Cerdán ha recurrido el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que el pasado lunes dictó el ingreso en prisión del exdirigente del PSOE, como habían pedido tanto la Fiscalía como las acusaciones.

Noticias relacionadas

Cerdán ingresó el pasado lunes en la prisión de Soto del Real (Madrid) al considerar el juez que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y que existe peligro fundado« de que el ex número 3 del PSOE pueda «ocultar, alterar o destruir» pruebas.

Por su parte, el PP registrará este jueves un nuevo escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para reiterarle que paralice el pago solicitado por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en calidad de exdiputado y pedirle que envíe su declaración de bienes al Tribunal Supremo. Los populares formularán de nuevo su solicitud tras el ingreso en prisión de Cerdán y ante la falta de respuesta de Armengol al escrito que remitieron el pasado 21 de junio.

El exdirigente socialista recibirá una indemnización de alrededor de 19.400 euros brutos por los seis años que ha mantenido el escaño. La cuantía de la indemnización por cese es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, con un límite de 24 mensualidades. El PP considera de vital importancia el hallazgo por parte de la Guardia Civil de un contrato de compraventa, según el cual el exdiputado sería propietario desde 2016 del 45 % de la constructora navarra Servinabar. Argumenta que la confirmación de este hecho «ocultado por Cerdán» le habría impedido ejercer como diputado, ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes.