El juez del Supremo procesa al fiscal general del Estado por revelación de secretos

Considera que a nivel indiciario cabe presumir que facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo

Imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz | Foto: Román G. Aguilera

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El juez del Supremo Ángel Hurtado, que ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, considera en su escrito que el fiscal filtró un correo electrónico sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».

Así comienza el relato de hechos que, de forma indiciaria, recoge el juez en el auto con el que pone fin a la instrucción de este caso con el procesamiento -paso previo a la apertura de juicio oral- de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El magistrado no hace ninguna mención más a las indicaciones que habría recibido el fiscal general tras publicar el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024 que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando en realidad la oferta y reconocimiento de dos delitos fiscales partía de la defensa de ese empresario.

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Sí que apunta el juez que el día siguiente a esa presunta filtración desde Fiscalía General del Estado se envió copia del correo en el que el abogado de González Amador admitía dichos hechos a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien lo usó para dar instrucciones al que era líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

El magistrado citó como testigo a Sánchez Acera en el procedimiento y descartó su participación en hechos delictivos, aunque dejó constancia en su resolución judicial sus dudas sobre las «fisuras» de su relato.

Sánchez Acera y el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, han sido los únicos cargos de Moncloa que han declarado en la causa, ambos como testigos.