Cambio radical: A partir de ahora los vecinos tienen la última palabra sobre los pisos turísticos

La proliferación de pisos turísticos en las ciudades españolas ha sido motivo de controversia debido a su repercusión en la convivencia diaria y el acceso a la vivienda. La nueva normativa permitirá a las comunidades de propietarios, mediante una votación en junta, aceptar o rechazar la apertura de estos alojamientos. Este cambio representa un avance considerable respecto a la normativa anterior, que apenas brindaba opciones efectivas a los vecinos para limitar esta práctica.

La modificación de la ley establece que, para que los nuevos pisos turísticos puedan operar, es necesario el consentimiento explícito de las comunidades de propietarios. El acuerdo debe contar con el voto favorable de al menos las tres quintas partes del total de propietarios, representando también las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Simultáneamente, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que implementa la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, con el objetivo de reducir el fraude en los alquileres de corta duración. Este sistema, que estará operativo desde julio de 2024, obliga a los arrendadores a registrar sus propiedades para poder ofertarlas online. Desde el 2 de enero de 2025, los propietarios han podido iniciar este proceso de registro, cuyo progreso es vigilado de cerca para asegurar su cumplimiento.

En los primeros tres meses del año, se recibieron 18.104 solicitudes para registrar alquileres de corta duración a nivel nacional. Digamos que se han concedido 8.787 registros, mientras que 7.393 están aún bajo evaluación y 1.924 han sido revocados.

Implicaciones y expectativas futuras

La inclusión de las comunidades de vecinos en la toma de decisiones sobre pisos turísticos marca un paso hacia la descentralización de la gestión urbana turística. Al empoderar a los residentes locales, se espera mejorar la convivencia y frenar los conflictos derivados del turismo masivo. Esta medida también podría influir en la dinámica del mercado de la vivienda, mejorando el acceso de los residentes locales al alquiler a largo plazo.

Este cambio legislativo refleja un esfuerzo por parte del gobierno de España para adaptarse a los desafíos urbanos contemporáneos. El turismo, aunque indispensable para la economía, ha de ser compatible con la sostenibilidad y la calidad de vida de los habitantes. Para muchos residentes, esta reforma representa un avance en el camino hacia la gestión equilibrada de los recursos urbanos y el turismo.