La red de Sito Miñanco montó un entramado empresarial para blanquear el dinero de la droga

La Audiencia Nacional ha celebrado este martes la jornada número 13 del juicio a 45 acusados en la operación Mito, entre ellos el histórico narcotraficante gallego Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

También es juzgado Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que se enfrenta a una petición del Ministerio Público de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Este martes ha testificado una agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participó en la investigación de la actividad de la organización de Sito Miñanco entre 2016 y 2018.

La testigo ha explicado que investigaron múltiples empresas del entramado como un astillero que tenía la organización en Cambados (Pontevedra) para construir las embarcaciones que supuestamente usaba para el tráfico de drogas y una inmobiliaria vinculada a Sito Miñanco. Asimismo otras sociedades administradas por otros acusados, como una empresa náutica y otra de seguridad y concesionarios de compraventa y alquiler de coches. Ha destacado que las cuentas de todas ellas se nutrían principalmente de ingresos de dinero en efectivo cuyo origen legal se desconoce y que en algunos casos trataban de justificar con facturas ficticias.

La testigo ha señalado que incluso detectaron que destinaron medio millón de euros en dinero en efectivo para pagar a empleados de la empresa que gestionaba el astillero de Cambados. Durante las pesquisas de este caso fue abordado el 2 de octubre de 2017 en alta mar a la altura de Las Azores por las fuerzas de seguridad el buque Thoran en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización había comprado supuestamente a redes colombianas, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos. Previamente, el 6 de febrero de 2017 les fueron confiscados casi 900.000 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a Manuel G.R. y otros cuatro acusados cuando trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas, según mantiene la Fiscalía.