El PP rechaza la reforma de la acusación particular por traducirse en «impunidad» para Sánchez y su entorno

El PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos en un momento en el que hay varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno.

La iniciativa, que el PSOE plantea que pueda aplicarse con carácter retroactivo a investigaciones que están en marcha, se presenta «con prisas» porque el objetivo que buscar es, según Gamarra, «paralizar procedimientos judiciales que están siendo ya instruidos». «No quieren combatir la corrupción, lo que quieren lograr es la impunidad para el PSOE, ante la corrupción que le acorrala», ha señalado la secretaria general de los populares en una rueda de prensa en la que ha incidido en que Pedro Sánchez, además de haber amnistiado y aplaudido la corrupción, «ahora pretende amordazar a los jueces para que no pueda ser investigada».

Para Gamarra, lo que obsesiona al presidente del Gobierno «es que se persiga la corrupción que ha cometido el Gobierno, su partido y el entorno más próximo» y por eso quiere acabar «con los que lo investigan y con quienes informan, y eso es una peligrosa deriva en este estado derecho». El objetivo de su propuesta es, según el portavoz del grupo socialista, Patxi López, garantizar derechos frente a acciones judiciales abusivas, pero según Gamarra, «lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, los negocios del entorno más próximo al presidente o sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales».

Ha añadido que son procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, un juzgado de Badajoz y de Madrid que no están basados en recortes de prensa, sino en informes de la Guardia Civil y diligencias judiciales. Para el PP, a todo eso que está siendo investigado por la justicia española es «a lo que se quiere poner freno» con la modificación de la acusación popular, una medida que se sumaría al hecho de que el Gobierno ya «tiene a su servicio» a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.