El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (c), a su llegada al Comité Federal de su partido el pasado sábado. | Efe - Juanjo Martín

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La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado que el Gobierno autonómico, presidido por Emiliano García-Page, ha presentado en la mañana de este lunes de manera telemática el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. En declaraciones a los medios en Villarrubia de Santiago (Toledo), ha comentado que fue el pasado 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó personarse y presentar este recurso tras un informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.

Un informe «muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad» y que además apuntaba que la Ley de Amnistía «es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos», ha recordado.

El Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno también presenta este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley de amnistía y la recusación de los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, en la misma línea que ha avanzado este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo Moreno ha anunciado esta medida en un acto en Lucena (Córdoba), en el que ha dicho que se trata de «un atropello ante un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado».

Por su parte, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado también este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, basado en dos ideas fundamentales. Por un lado, en la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes; por otro, en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que conlleva la infracción de la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.