Las medidas serán detalladas mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por parte de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Desde el año pasado, el Ejecutivo ha tomado medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía, como el decreto del 15 de marzo de 2022 con ayudas en materia fiscal, laboral, social y financiera, valoradas en 450 millones de euros. Dicha norma se aprobó días después de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía en la que se creó un grupo de trabajo permanente para hacer seguimiento del impacto de la escasez de agua en la agricultura.
En la última reunión de la Mesa de la Sequía, el pasado 19 de abril, se constató que la situación de sequía era «grave y generalizada», aunque con diferentes grados de afección entre cultivos y territorios. Estos últimos meses el Gobierno ha dado otras ayudas a la ganadería y al sector de los cítricos, así como para paliar el encarecimiento de los fertilizantes, por valor de 650 millones de euros. Se han aplazado las cuotas sociales para empresas y autónomos, reducido el número de peonadas necesarias para tener derecho al subsidio agrario, y equiparado la contratación como fijo discontinuo en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
Entre las medidas fiscales, se ha reducido recientemente un 25 % el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el sistema de módulos para todos los productores, con mayores coeficientes en determinados cultivos. Junto a otras reducciones, el Gobierno estima el alcance de esa rebaja fiscal en 1.807 millones de euros sobre la base imponible, una cifra «histórica» frente a los 1.093 millones del año pasado.
El Gobierno también ha destinado 25 millones de euros a préstamos bonificados y avales, e incrementado la ayuda a la contratación de seguros agrarios, con un presupuesto de 257,7 millones de euros en 2022 y de 317,7 millones en 2023.
En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), el Ejecutivo ha solicitado el incremento del anticipo de las ayudas que se puede pagar desde el próximo 15 de octubre y la flexibilización de las condiciones para acceder a los pagos con motivo de la sequía. Fuentes gubernamentales han recordado que ha habido un «aumento sin precedentes» de las inversiones en agua, de casi un 70 % desde 2018, hasta los 541 millones de euros.
Se han reducido entre el 50 y el 100 % las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua en las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir, donde han sido acometidas obras de emergencia, y se ha abaratado el agua de desaladoras estatales y en la conducción Júcar-Vinalopó. Asimismo, hay previsión de invertir 23.000 millones de euros más en los planes hidrológicos aprobados, 3.167 millones de euros en agua hasta 2026 con fondos europeos, 2.150 millones de euros para modernizar regadíos y 1.600 millones para depuración, saneamiento, reutilización, eficiencia, digitalización, restauración de ecosistemas y seguridad.
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