Las mismas fuentes han remarcado que la cita podría quedar suspendida si finalmente la cantante opta por reconocer el fraude y hacer un pacto con la Fiscalía. Shakira está procesada por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014 y los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -con un total de 12.371.197 euros- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) -2.191.771 euros-, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.
La Fiscalía ha reclamado para ella una condena de ocho años y dos meses de prisión, y la Abogacía del Estado, por su parte, la acusa de tres delitos contra Hacienda en las declaraciones del IRPF de 2012, 2013 y 2014.
Hasta ahora Shakira ha reafirmado su inocencia en el juicio y ha criticado «los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España». En su escrito de defensa, la cantante aseguró que su conducta fiscal es «impecable y que nunca ha tenido problemas tributarios con ninguna otra jurisdicción», y calificó de esporádica la presencia de la artista en territorio español durante el periodo investigado.
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