«Me habéis hecho okupa, sois culpables de mi situación», ha dicho Dolores dirigiéndose a los servicios sociales. «14 años solicitando una vivienda y dos desahucios. En estos años me habéis jodido la vida, mi salud y sigo esperando. ¿Hasta cuándo me vais a tener en esta situación, castigándome, sin vivienda y humillándome?». «Esta situación para mí es una tortura. Lo que he pasado es violencia hacia una mujer y discapacitada. Tengo el tercer grado (de la Ley de Dependencia). ¡Quiero una vivienda ya!», ha reclamado.
La mujer comenzó a tener problemas económicos y pidió varias rebajas en el alquiler, que el propietario le concedió hasta que el año 2009 se inscribió en la lista de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial. Aunque ha recibido ayudas públicas para abonar el alquiler, la crisis le ha afectado y su salud se ha resentido en cuanto a la movilidad y la visión, por lo que actualmente tiene reconocido un grado de discapacidad del 82 %.
En 2014, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona le adjudicaron un piso de una promoción de viviendas pero, poco después, ese mismo año, Dolores padeció una recaída en su salud y tuvo que ser operada y estuvo convaleciente hasta julio de 2015. Debido a esta situación, la mujer no pudo visitar el piso ni tampoco hacer las gestiones pertinentes para aceptarlo y firmar el contrato y perdió la vivienda social.
Desde entonces, ha tenido que abandonar el piso en el que vivía de alquiler en Vallcarca, tras denunciar que el arrendador le había quitado los contadores de los suministros ante diversas instancias y que no le quiso renovar el contrato de alquiler. Dolores ya ha denunciado en anteriores ocasiones su situación públicamente y desde el Ayuntamiento de Barcelona se comprometieron a agilizar su proceso administrativo, a la vez que se ratificaron las condiciones del piso en el que vivía y se sancionó con un expediente al propietario.
Mientras tanto, llegó la pandemia y la mujer decidió abandonar la vivienda ante la amenaza del desahucio y se trasladó al barrio del Guinardó, de donde también tuvo que irse por no poder afrontar el alquiler. Desde entonces, vive en un inmueble okupado, y fuentes del Sindicato de la Vivienda de Vallcarca han considerado hoy que «la situación actual de la Dolores es consecuencia directa de la negligencia y trato inhumano de los servicios sociales y de la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona».
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