Delegada del Gobierno contra la violencia de genero, Victoria Rosell. | Efe

TW
6

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha emocionado casi hasta las lágrimas este viernes al denunciar la «criminalización» que sufren las «madres protectoras», muchas de ellas separadas de sus hijos por sentencia judicial. Ha sido al concluir la presentación de un informe sobre «violencia institucional contra las madres» y el falso síndrome de alienación parental en la sede del Ministerio de Igualdad, donde Rosell se dirigía a varias de estas madres, que temen que sus hijos sean maltratados por los padres.

«La verdad es que era difícil escuchar y mantener un poco la serenidad porque hay mucho dolor ahí detrás», «siento emocionarme, es muy poco institucional por mi parte», ha reconocido la delegada del Gobierno antes de garantizar a esas madres que desde Igualdad están haciendo todo lo posible para que sepan que no están solas. Dos días después de que un tribunal italiano negara a Juana Rivas la custodia del menor de sus dos hijos, que deberá permanecer en Cerdeña con su padre, Francesco Arcuri, Rosell ha agradecido el trabajo de todas las personas que acompañan a estas madres, de abogadas a psicólogas.

Y ha denunciado la «espiral de desacreditación civil» en la que se encuentran estas mujeres -«porque se os quita la custodia»- y de «desacreditación penal y criminalización», llamadas «secuestradora, desobediente, resistente».

Tras criticar también el papel de los medios de comunicación en algunos de los casos, ha lamentado que en muchas ocasiones se trate a estas mujeres de «locas» y que su discurso, ante esa espiral de desacreditación, tenga cada vez menos credibilidad. Rosell ha puesto en valor el trabajo de fiscal de sala de violencia sobre la mujer y ha recordado que Igualdad ha incluido por primera vez la «violencia institucional» en la estrategia estatal para luchar contra las violencias machistas, asumiendo que es difícil luchar contra ella.

«En la mayoría de los casos lo que detecto es negligencia, falta de diligencia institucional; y una vez cometida autodefensa, que a veces llega a extremos que parecen de casi venganza institucional contra quien se ha rebelado y está poniendo de manifiesto las costuras del sistema».