Según ha informado el departamento que dirige Ione Belarra, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementan en un 17,65 %: las cuantías máximas mensuales pasarán de los 153 euros a los 180 en el caso del grado I de dependencia; de los 268,79 euros a 315,90 en el caso del grado II y de 387,64 euros a los 455,40 en el caso del grado III. En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas al servicio, se incrementan un 4,5 %.
En el caso de la ayuda vinculada al servicio de atención residencial, se equipará la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III (747,25 euros) y en la vinculada al servicio de centro de día, se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II (445,30 euros). También se incrementan en un 4,5 % las prestaciones económicas para asistencia personal, pero la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III, es decir, el grado I pasará de los 300 euros a los 313,50; el grado II de los 426,12 euros a los 747,25 y el grado III, de los 715,07 euros a los 747,25.
Además de este incremento, se ha acordado establecer cuantías mínimas en las prestaciones económicas, lo que las ayudas «pueden ser muy reducidas», incluso cercana a cero euros. A fecha 31 de octubre de 2022, del total de las 703.000 personas que reciben prestaciones económicas hay 61.400 expedientes en los que la cuantía que se percibe es inferior a 100 euros al mes y 27.750 casos en los que se reciben entre 0 y 50 euros al mes.
Se propone que tanto para las prestaciones económicas relativas a los cuidados familiares vinculadas al servicio, como las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima de 100 euros en el caso del grado I, 150 euros para el grado II y 200 euros para el grado III. También se ha acordado un aumento de la intensidad de las horas mínimas de la ayuda a domicilio: en el caso del grado I se plantea pasar de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas; en el caso del grado II, de entre 21 a 45 horas a entre 38 y 64 horas y para el caso del grado III, un aumento de entre 65 a 94 horas, desde las 46 a 70 horas actuales.
Derechos Sociales y las comunidades también han acordado que la atención residencial se incluya en el catálogo para personas con grado I y que se elimine la limitación de acceso a la atención residencial a los grados II y III. En cuanto al acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, se ha decidido que el requisito de parentesco y de acreditación de cuidados previos ya no serán obligatorios. Asimismo, se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente.
Según Derechos Sociales, con estos acuerdos, que se enmarcan dentro del Plan de Choque de Dependencia, se logra «acabar con los recortes que se produjeron en materia de dependencia en 2012» con el Gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, se han planteado otras modificaciones de menor calado, algunas por mejoras técnicas, además de consensuar el Acuerdo Marco para la Estrategia Sinhogarismo 2023-2030. También se ha presentado la Estrategia de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad. Para el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, estos avances constatan «la voluntad del Gobierno de coalición de superar las políticas de los recortes y su compromiso con los servicios públicos».
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