Imagen de la concursante. | Redacción Digital

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El juicio por el presunto abuso sexual que sufrió la concursante de Gran Hermano Carlota Prado en 2017 por parte de José María López arranca este jueves, con una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel para el procesado, que finalmente no es acusado por la joven. El juicio tendrá lugar este jueves y el 8 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid y sentará en el banquillo a José María López por un presunto delito de abuso sexual por el que la Fiscalía, además de los dos años y medio de cárcel, pide también que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

Además, la Fiscalía solicita que la productora del programa, Zeppelin, indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó que exhibiesen a posteriori las imágenes del presunto abuso ocurrido en «Gran Hermano Revolution» en 2017, en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) desde la que se desarrollaba el programa. La Fiscalía es la única acusación, después de que Carlota Prado decidiera recientemente no ejercer la acusación particular por motivos que no han trascendido, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, que detallan que ahora la joven será testigo-perjudicada en la causa.

El juicio estaba fijado para el pasado 8 de febrero pero fue suspendido porque el abogado de Carlota Prado alegó al empezar la vista que la joven, que no acudió a la vista, sufre problemas psiquiátricos graves por los que llegó a estar ingresada en un centro en diciembre de 2021, de forma involuntaria. La jueza consideró necesario el testimonio de la víctima y ordenó que Carlota fuera valorada por un médico forense, y tras recibir el informe de los juzgados que la consideraba apta para declarar fijó la nueva fecha del juicio.

Recientemente el letrado que defendía a la joven decidió dejar de representarla y, cuando el juzgado comunicó a Carlota Prado que para ejercer la acusación debía designar a otro letrado, la joven decidió renunciar a esta posibilidad. La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que el programa emitía durante 24 horas la convivencia de los participantes en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), conforme a un reglamento «del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora».

Añade que los hechos comenzaron a las ocho de la tarde del 3 de noviembre de 2017 en una fiesta en la casa para la que «el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas», de manera que la joven acabó en estado de embriaguez y el procesado presuntamente abusó de ella bajo un edredón, mientras la joven estaba semiinsconsciente y decía «no puedo». Luego parecía inconsciente. Las imágenes grabadas fueron exhibidas a la joven en la mañana siguiente, empeorando su estado, según la Fiscalía.