El juez envía a juicio a Borràs por prevaricación y falsedad documental

El magistrado ha acordado enviar a Borràs a juicio, en una fecha todavía por fijar, después de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament y de JxCat, para quien pide una condena de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y falsedad documental. De esa forma, Borràs se sentará en el banquillo junto a los otros dos investigados a los que acusó la Fiscalía: su amigo Isaías H., adjudicatario de los contratos para quien el ministerio público pide la misma pena, y Andreu P., quien supuestamente elaboró facturas que permitieron enmascarar las irregularidades y afronta una condena de tres años de cárcel y diez de inhabilitación. En su escrito, el magistrado recuerda que el auto de apertura de juicio no es un «acto de mera ordenación formal del proceso», sino que se debe valorar la «consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas». En ese sentido, Ramos mantiene que «existe una identidad esencial» entre el escrito de la Fiscalía y los hechos investigados en la causa, así como una «razonabilidad y consistencia» en sus planteamientos, que «responden a los indicios acopiados» durante la instrucción. Según el magistrado, el escrito de la Fiscalía «se funda por el momento exclusivamente en indicios, de manera que no puede comprometer todavía la presunción de inocencia de los acusados», por lo que el auto de apertura de juicio oral «no puede contener ni contiene ninguna declaración de culpabilidad».

«Ello no es óbice, sin embargo, para poder afirmar que sí existe una base indiciaria seria y consistente», añade el juez, de que los acusados incurrieron en los delito de prevaricación y falsedad, con la agravante de prevalimiento de cargo público en el caso de Borràs. Con la apertura del juicio oral, el TSJC da diez días a la defensas para que presenten sus escritos expresando su desacuerdo o su conformidad con los hechos que la Fiscalía ve delictivos. En concreto, el ministerio público acusa a Borràs de ponerse de acuerdo con Isaías H. para fraccionar de forma «ilegal» la contratación de la ILC para adjudicarle 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por un valor total de 335.700 euros, mediante «presupuestos comparsa» elaborados «falazmente» por personas interpuestas. Según las fiscales del caso, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, «con abuso de sus funciones» como directora de la ILC, Borràs aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores «sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa», ya que «era plenamente conocedora» de que detrás de ellos «se escondía» su amigo. La apertura de juicio oral contra Borràs permite activar el punto 4 del artículo 25 del reglamento del Parlament, que los partidos independentistas impulsaron en 2017 y obliga a la Mesa a apartar a los diputados que estén en puertas de juicio por delitos «vinculados a la corrupción».

El reglamento establece que, una vez tenga conocimiento de la existencia de un auto de apertura de juicio oral firme contra un diputado, la Mesa del Parlament «debe acordar la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». «Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados», agrega el mismo punto del reglamento de la cámara catalana.

Posible suspensión

La Mesa del Parlament decidirá el próximo jueves en una reunión extraordinaria si suspende a la actual presidenta de la cámara, Laura Borràs, en todas sus funciones, en aplicación del artículo 25.4 del Reglamento, que obliga a suspender a un diputado si se abre juicio oral contra él en un caso de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha comunicado este martes que Borràs tendrá que ir a juicio acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber fraccionado presuntamente varios contratos públicos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a fin de poder adjudicarlos a un conocido suyo. La Mesa del Parlament ha mantenido esta mañana una larga reunión que ha durado unas cinco horas en la que ha tratado diversas cuestiones pendientes, a las que se ha sumado el debate sobre la compleja situación en que puede quedar la presidencia de la cámara si Borràs queda suspendida. Esta última ha confirmado a los miembros de la Mesa que aún no ha recibido la notificación del TSJC sobre la apertura de juicio oral y, en consecuencia, se ha decidido posponer el debate sobre esta cuestión hasta el jueves, en que la Mesa mantendrá una nueva reunión a las 12 horas con ese como único punto del orden del día. El mismo jueves la Mesa tendrá a las 09.30 horas una reunión de «mesa ampliada» con el propósito de aprobar la fórmula definitiva para resolver el conflicto abierto con la supresión de las licencias de edad que cobraban algunos trabajadores del Parlament. La Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) ratificará el mismo día esta propuesta que aprobará la Mesa en una convocatoria que la cámara ya tiene previsto que se celebre una hora más tarde.