Varios presidentes autonómicos participan en un debate, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Alfonso Ferrnández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo.

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Dirigentes territoriales del PP consultados por Europa Press alertan del desapego de las bases del partido con la cúpula que lidera Pablo Casado y empiezan a plantearse fórmulas para reemplazarle, con todas las miradas puestas en la autoridad de Alberto Núñez Feijóo. Entre las opciones que figuran sobre la mesa cobra fuerza la convocatoria de un congreso extraordinario, pero otros cargos apuntan también como solución la designación de una gestora que lidere el partido de forma transitoria hasta el cónclave nacional.

El «suicidio» del PP retransmitido en directo por los medios de comunicación, con un duro cruce de acusaciones estos días entre la dirección nacional y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tuvo un «punto de inflexión» en la manifestación convocada a las puertas de la sede nacional, que reunió a más de 3.000 personas con gritos de 'Casado dimisión' o 'Ayuso presidenta'.

En las filas del PP admiten su preocupación e inquietud por la foto de un partido «fracturado» que deja esa concentración en la calle Génova y que, según fuentes 'populares', evidencia que Casado cada día que pasa pierde apoyos entre los militantes y simpatizantes de la formación por la «nefasta» gestión que ha realizado de esta crisis interna. «Hay mucha gente que opina que Casado no se puede mantener», resume uno de los cargos consultados.

Aparte de dejar que este conflicto con Ayuso haya ido creciendo cada semana, hasta «estallarle» en las manos, dirigentes del PP censuran los últimos movimientos de Casado. Así, no entienden que en menos de 24 horas pasara de acusar a Ayuso de conductas casi delictivas -hablando de posible «tráfico de influencias» con el contrato sanitario que afecta a su hermano- a anunciar que le cierra el expediente informativo abierto por el Comité de Derechos y Garantías del PP, según fuentes 'populares'.

"Es un divorcio traumático con las bases"

Entre los 'barones' territoriales del PP se han encendido las luces de emergencia porque no dan crédito a lo que está ocurriendo y mantienen una línea de comunicación abierta estos últimos días, según confirman a Europa Press fuentes de la formación. Desde el pasado jueves, la mayoría ha trasladado a Casado de una u otra manera la necesidad que adopte cuanto antes una solución para acabar con una «sangría» de votos que solo beneficia a Vox.

Si al inicio, la mayoría coincidía en que la salida del secretario general del PP, Teodoro García Egea, podría ser la solución, ahora todas las fuentes consultadas consideran que ya es insuficiente y no serviría para nada, porque todas las miradas apuntan directamente a Casado, cuyo liderazgo está en entredicho. El murciano Fernando López Miras es el único presidente autonómico que este domingo, cuando los acontecimientos llegaron a una tensión máxima, salió en defensa de Casado y García Egea.

«Ya no es un conflicto de poder. Es un divorcio traumático con las bases que, sencillamente detestan a Casado y García Egea», aseguró a Europa Press un presidente regional, que señala al líder del PP la puerta de salida.

En parecidos términos se pronunció otro alto cargo regional que admite que el liderazgo de Casado está «tocado» y que están buscando soluciones. «Mis presidentes provinciales y de otras comunidades ya me han leído los Estatutos», exclamó, para añadir que no descartan la posibilidad de buscar las mayorías necesarias para «pedir una Junta Directiva o imponer acuerdos».

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Congreso extraordinario o gestora

En esta tesitura, cada vez son más las voces que consideran que solo un congreso extraordinario puede acabar con el «daño irreparable» que se está haciendo a la formación y visualizar una imagen de renovación y unidad. El propio Feijóo dejó caer esa opción el viernes tras advertir a Casado que debía buscar una solución y que no se podía llegar al congreso ordinario --que toca en julio-- con «esta herida abierta».

El congreso extraordinario del PP, que han pedido públicamente cargos como la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, exige una mayoría de los tercios de la Junta Directiva Nacional para forzar su convocatoria, según recogen los Estatutos del PP. Además, dado que se fija un mes de plazo como mínimo desde su convocatoria hasta su celebración, un cónclave urgente de este tipo no podría hacerse antes de la primavera, que comienza el 21 de marzo.

Otros dirigentes ven con mejores ojos la idea de designar una gestora, un órgano que tiene que nombrar el Comité Ejecutivo y que, según fuentes del partido, carece de mecanismo estatutario si antes Casado no dimite.

Las reglas internas del PP señalan que el Comité Ejecutivo puede designar gestoras (aparecen textualmente nombradas como «comisiones») que se dediquen a «gobernar transitoriamente algunas de las organizaciones territoriales dependientes de ellas, siempre que se aprecien graves circunstancias que así lo aconsejen».

Según añaden los Estatutos, esa transitoriedad «no podrá exceder de seis meses, salvo que concurran circunstancias excepcionales que motiven la prórroga de dicho plazo» y transcurrido ese periodo se convocará un congreso en los dos meses siguientes.

Otros dirigentes del partido consultados por Europa Press consideran que la vía menos traumática en este momento sería un cónclave de los presidentes autonómicos con Casado para buscar una solución urgente que permita «volver al sentido común» y poner «fin a las hostilidades» entre el líder del PP y Ayuso.

"Ayuso también queda muy tocada"

Fuentes del PP subrayan que «esto afecta al partido en su conjunto» y Ayuso «también queda muy tocada». «Puede que muchos piensen que esto ha sido un triunfo de Ayuso, pero no es un triunfo para nadie sino una debacle para todos», alerta un dirigente andaluz.

Así, fuentes 'populares' avisan que el PSOE y Podemos han llevado el asunto de los contratos sanitarios a la Fiscalía y «ella queda manchada también». «Si no es un caso de corrupción, su actuación ha sido de una dudosa ejemplaridad», sostiene un parlamentario del Grupo Popular, que advierte a Ayuso que su «popularidad no la salva» si este asunto tiene recorrido judicial.