El presidente de la Generalitat ha pedido a los servicios jurídicos que estudien posibles acciones legales para determinar la veracidad de las palabras de Villarejo. | Andreu Dalmau

La última controversia política en Cataluña atañe a la renovación de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, algo que voces de Esquerra Republicana atribuyen a un lógico cambio generacional mientras que desde la oposición, tanto los socialistas como PP y Cs, califican los movimientos de «purga» ideológica contra aquellos que piensan diferente. En este contexto, el independentismo catalán reaccionó con virulencia a las últimas palabras del comisario Villarejo, quien este pasado martes en un juzgado volvió a insistir en su tesis, expuesta ya anteriormente, que el CNI no hizo todo lo que estaba en su mano para evitar los atentados de Cataluña de 2017. Este miércoles lo ha ratificado, dando más detalles de la llamada Operación Cataluña.

Sobre la primera parte de la polémica el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido bastante explícito en una entrevista este miércoles por la mañana en la Cadena Ser. Además de apoyar la renovación del cuerpo policial catalán y la feminización de sus estructuras de decisión, Rufián ha admitido que los anteriores mandamases de los Mossos eran personas en su totalidad nombradas por la antigua Convergència.

En este sentido, el representante de ERC ante la cámara baja española ha negado que los cambios, que empezaron por el mismo major del cuerpo, Josep Lluís Trapero, se hayan orquestado para borrar del foco «corruptelas del pasado». Sí ha admitido que el reto de gestionar la Policía y la conselleria de Interior –algo nuevo para los republicanos pues en las últimas coaliciones este ámbito siempre recaía en Junts–, debe articularse para demostrar que una fuerza como ERC puede gobernar en cualquier punto del territorio.

Noticias relacionadas

Uno de los cambios más llamativos por la degradación que supone ha sido el relevo del exjefe de anticorrupción de los Mossos, Toni Rodríguez, que pasa a ser jefe del Área Básica Policial de Rubí, población barcelonesa de menos de 80.000 habitantes. Especialmente llamativas fueron las reacciones de algunos sectores a las palabras del excomisario José Manuel Villarejo, empezando por el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien exigió al Estado que «esclarezca la verdad» sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y encargó a los servicios jurídicos de la Generalitat que «estudien» las posibles «acciones legales» para contribuir a esta finalidad.

Sin embargo para la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, no es de recibo que «haya instituciones, incluso personas individuales que le den credibilidad a este señor», conocido por moverse como pez en el agua en los más oscuros bajos fondos. Una de esas personas individuales es Javier Martínez, una víctima del propio atentado, más exactamente el padre del niño de 3 años que murió en este brutal ataque terrorista en la Ciudad Condal. Este padre lleva a cabo una campaña que pretende esclarecer toda la verdad sobre los atentados en Cataluña, y poco después de conocerse la declaración del excargo policial publicó un mensaje en Twitter, con la foto de su hijo difunto y con una frase: «Gracias comisario villarejo».

Recordemos que durante el segundo día de su interrogatorio en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas del llamado caso Tándem, Villarejo dejó caer que los atentados del 17A en Cataluña se produjeron como consecuencia de un «error grave» del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán que, según su versión, «calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña».

Este miércoles el excomisario ha afirmado que «plumillas» de los servicios de inteligencia españoles alteraron correos electrónicos y accedieron a servidores a los que no deberían haber entrado para seguir con su estrategia en el Principado. De hecho en sede judicial Villarejo ha alabado la pericia en falsificación de los expertos del CNI, argumento utilizado para refutar las pruebas que le incriminan o las anotaciones de sus agendas. Villarejo ensalza a «los grandes falsificadores que hay en el CNI» y destaca los «mil métodos de alterar una palabra» que manejan. Solo en esta pieza judicial del caso Tándem a Villarejo le piden más de cien años de cárcel.