La mayoría de los grupos del Congreso han expresado su rechazo, a falta de la votación final, a los vetos del PP y Vox a la proposición de ley del PSOE que persigue penalizar con cárcel a quienes acosen a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas, con lo que el texto iniciará su tramitación parlamentaria. El debate en el Pleno ha comenzado con las intervenciones de los representantes de Vox y PP en defensa de sus enmiendas a la totalidad de la propuesta socialista, que contempla reformar el Código Penal para añadir un nuevo precepto que castigue a los acosadores y hostigadores que se concentran a las puertas de esas clínicas con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
La diputada del PP Teresa Angulo ha defendido el veto de su grupo a la iniciativa para, ha dicho, proteger los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión de la ciudadanía frente al «totalitarismo». «Subyace un nuevo paso del PSOE para limitar derechos en función de la ideología de quien los ejerza», ha afirmado Angulo, quien ha acusado a los socialistas de usar «de manera sectaria» las instituciones y el ordenamiento jurídico «para ponerlo al servicio de sus intereses».
Ha criticado que la fórmula para modificar el Código Penal sea una proposición de ley y no un proyecto de ley que tuviera que pasar por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado. «¿No creen que una reforma que pretende crear un nuevo tipo penal no merecía una tramitación con las máximas garantías?», ha preguntado Angulo al grupo socialista.
Desde Vox, María de la Cabeza Ruiz también ha mantenido que la proposición de ley acaba con derechos fundamentales como los de libertad de expresión o de reunión, con lo que es «claramente inconstitucional. «Están abusando de la mayoría en el poder como vulgares dictadorzuelos», ha subrayado.
Ruiz ha defendido a los que se reúnen a las puertas de las clínicas abortivas porque, a su juicio, ayudan a las mujeres que no quieren abortar pero no ven otra salida que interrumpir su embarazo. Por eso, ha dicho a los socialistas que «pueden seguir evitando que las madres escuchen el latido de los corazones de sus hijos» pero si amaran a las mujeres les proporcionarían esa ayuda para que pudieran seguir adelante con la gestación.
La diputada socialista Laura Berja ha recalcado que la proposición de ley promueve que el ejercicio de un derecho reconocido, como es el del aborto, no se vea vulnerado.
«Los acosadores tiene una sola intención y no es rezar, es coaccionar la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad», ha asevero Berja, quien ha acusado al PP de oponerse de forma sistemática al reconocimiento de los derechos de las mujeres en España y de presentarse «alineado con la ultraderecha».
Y es que, ha continuado la parlamentaria socialista, estas personas que, de forma organizada, se concentran a las puertas de las clínicas ofrecen a las mujeres información falsa, les engañan y les quieren hacer sentir culpables por interrumpir el embarazo.
Abortar, ha continuado Berja, es una decisión «compleja», por eso, ha preguntado: «¿Quiénes se creen que son estos desalmados para decir a las mujeres lo que tiene que hacer?», porque, a su juicio, lo que ocurre frente a las clínicas es que un grupo de gente acude a intentar coaccionar y eso «no es libertad, es coacción».
Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha incidido en que las mujeres que acuden a abortar no pueden sufrir una exposición continúa a la violencia o al inseguridad y ha rechazado de plano los textos de PP y Vox. «El acoso no es una ayuda ni una plegaria, es violencia, que solo persigue señalar», a las que se encuentran en una situación vulnerable, como es la de acudir a interrumpir el embarazo. «Actuar de policía de costumbres no es libertad de expresión, inmiscuirse en la vida de otro contra su libertad no es libertad de expresión, invadir la intimidad de las mujeres en un difícil tránsito, violentar el ejercicio de una derecho, hostigar de manera organizada y perseverante tampoco es libertad de expresión», ha subrayado el diputado del PNV Mikel Legarda.
Desde Cs, Sara Giménez ha pedido a los diputados de PP y Vox que dejen a las mujeres tranquilas en el ejercicio de sus derechos que tanto esfuerzo han costado alcanzar y ha asegurado que no permitirán que mujeres y sanitarios se sientan coaccionados y agredidos. Para Inés Sabanés (Más País), la derecha confunde la libertad de expresión con la libertad de coacción sistemática «que se debe considerar una actividad delictiva» y ha urgido al Gobierno a garantizar el acceso a este derecho en la sanidad pública, demanda a la que se han sumado los diputados de, ERC, BNG y la CUP.
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