Construcción de un bloque de viviendas en Mahón. | M. Barro

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La aprobación de la nueva ley de vivienda se encuentra a pocas semanas de abordarse en el Consejo de Ministros –o de Ministras, como prefirió denominarlo Ione Belarra en una entrevista radiofónica este pasado martes–, y cuando se plasme su contenido todos los constructores y promotores inmobiliarios de España estarán obligados a destinar un 30 por ciento de la obra de nueva construcción a vivienda protegida.

Se trata de un punto peliagudo dentro del cuerpo normativo anticipado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que su partido ya anunció en febrero de este mismo año. En aquel entonces era tan solo una propuesta; ahora está pendiente de aprobación para ser ley, y por tanto de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.

En la Cadena Ser la también secretaria general de Unidas Podemos apuntó los beneficios de esta medida, entre ellos la generación de barrios con poblaciones de orígenes y estatus sociales más plurales, y como consecuencia ahondar en la diversidad y la cohesión social.

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El objetivo del Gobierno, dijo, es asegurar el derecho a una vivienda digna de todos los españoles por encima del derecho de unos cuantos a enriquecerse a costa de la especulación del ladrillo, un sector que ha ido generando en nuestro país «burbuja tras burbuja».

Según Belarra algunos aspectos de la ley de vivienda ya están en funcionamiento en algunos territorios, como por ejemplo Barcelona, la segunda ciudad más importante del Estado donde hace tres años se aprobó una normativa para poner techo a los precios de los alquileres, y como resultado no se ha producido ninguna hecatombe.

En esa misma intervención en los medios de comunicación la ministra de Unidas Podemos ratificó que el anuncio del presidente Pedro Sánchez del bono vivienda para jóvenes no consta entre las medidas de la nueva Ley de Vivienda. Por un lado, Belarra quitó hierro al hecho de que Sánchez hubiera anunciado por su cuenta –«puede hacer todos los anuncios que considere oportunos», dijo– esta nueva iniciativa para facilitar el acceso al alquiler a las personas de hasta 35 años, aunque expuso ciertos reparos a su efectividad.

En este sentido, recordó una medida similar adoptada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que en su momento provocó una subida inmediata de los precios, ya que los arrendadores incrementaban automáticamente el precio de sus alquileres a sabiendas de que los inquilinos recibían la ayuda estatal.