El acuerdo sobre la nueva ley establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales». | Toni Escobar

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El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.

Según han detallado fuentes de Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo que se topó este lunes la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de «privilegios fiscales».

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.

Junto a ello se establecerán medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable, como ha apuntado en Twitter la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

«Han sido largos meses de negociación pero el acuerdo para la ley de vivienda marca un hito histórico en nuestro país. Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda. ¡Sí, se puede!», ha reconocido en su comentario en redes.

La diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha celebrado que el «sentido común» se haya «abierto paso» para plasmar una ley de vivienda que regule el precio del alquiler, algo necesario para también articular los Presupuestos de la «recuperación».

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«El PSOE parece que ha entrado en razón (...) El principal escollo parece que se ha salvado», ha destacado Vidal para agregar que, con dicha normativa, el país se asemeja al entorno europeo que establecen medidas de control de precios, sobre todo en grandes ciudades.

Mientras, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha ensalzado que esta ley por fin pone freno a los abusos de los fondos buitre para garantizar vivienda digna». A su vez, la formación morada ha escrito en su cuenta de Twitter que por primera vez en la historia habrá una ley de vivienda que baje los precios del alquiler.

«Un hito que mejora de verdad la vida de la gente y que demuestra que, con voluntad política, no hay lobby ni fondo buitre que pueda frenar los avances que necesita nuestro país», ha concluido.

La elaboración de la ley de vivienda estatal con regulación del alquiler ya fue acordada entre los socios de Gobierno en el pacto sobre las vigentes cuentas públicas, además de estar pautado en el acuerdo de coalición.

No obstante, las fórmulas para plasmar esta normativa motivó una serie de discrepancias que se han prolongado casi un año, y que finalmente se han solventado este martes, dado que los morados vinculaban la aprobación de las nuevas cuentas públicas al desbloqueo de dicha ley.

Este martes por la mañana ha transcendido el acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para dar próximamente luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y también a la Ley de Vivienda, que tenía que haberse aprobado hace siete meses.

Este pacto permitirá al Gobierno aprobar próximamente sus cuentas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no podrá llevarlas al Consejo de Ministros de este martes, como se había comprometido en un principio. No obstante, fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.

Este lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, volvieron a reunirse y constataron que la principal diferencia sobre la regulación del precio del alquiler a grandes propietarios. No obstante, 24 horas después los socios han logrado llegar a un entendimiento.