Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras la tercera reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, celebrada este lunes de forma telemática.
Montero ha anunciado que, a esos 7.230 millones, se sumarán en los próximos días otros 200 millones y «se está en camino de cumplir» los 10.500 comprometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La titular de Hacienda ha precisado que el mecanismo de los «criterios de distribución», que ha admitido que se aleja del que se está acostumbrado con los fondos de cohesión, es distinto al plan de recuperación y «confunde» a la hora de plantear la cogobernanza o cómo y de qué manera participan las comunidades autónomas.
Montero ha defendido que la conferencia sectorial es «el núcleo» del reparto y donde personas competentes en la materia determinan si para el criterio de reparto de la biodiversidad hay que hacerlo en términos de kilómetros de costa, de monte o de número de especies declaradas.
Criterios, ha explicado, que nada tienen que ver, por ejemplo, cuando el reparto de fondos que se hace sobre temas de vivienda, «donde el número de habitantes tiene mayor peso».
La ministra ha detallado hoy a las comunidades el reparto de fondos ya asignado en las diferentes sectoriales.
Ha informado de que desde el Ministerio de Transporte se han repartido ya 1.631 millones en la conferencia de vivienda, en la de Educación otros 1.410 millones para la Formación Profesional y la reducción de la brecha digital y en Transición Ecológica, 1.086 millones para normativa de residuos y tendido eléctrico, entre otras.
En políticas de cuidados se han repartido 731 millones en la sectorial de igualdad e inclusión social, 688 millones en empleo y en materia sanitaria se han distribuido otros 399 para equipos de alta tecnología.
Y ha añadido que las conferencias sectoriales de justicia, igualdad y cultura han asignado 90 millones en cada caso.
En rueda de prensa, la ministra ha instado a las comunidades a «remar en la misma dirección» porque el plan de recuperación es un «proyecto de país», ha insistido en que la reunión ha sido «amigable y planteada desde el respeto» y ha criticado a quienes tienen interés en trasladar «el ruido y la bronca».
Y sobre este criterio de reparto, Montero ha señalado que esta arquitectura del plan se debe a que los criterios de la pesca «nada tiene que ver con la agenda urbana y los de educación con la biodiversidad» y el Gobierno en su totalidad vela por la cohesión territorial y que haya una «asignación razonable».
«Es la arquitectura que ha planteado Bruselas, es un proyecto de país y un país es mucho más que la suma de 17 comunidades», ha dicho.
Comunidades críticas
Sin embargo, hay comunidades autónomas que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de estar simulando que dialoga con las autonomías, como el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que ha sostenido que, en realidad, ese diálogo «no existe».
A juicio de Fernández-Lasquetty, en la sectorial de este lunes el Ejecutivo no ha dado información ni ha consultado nada a las comunidades.
También ha denunciado que, «una vez más», el Gobierno pasa «una parte pequeña de los fondos» a las comunidades, pero «atomizada y pulverizada» en centenares de «pequeñas actuaciones», en todo caso «teledirigidas» desde el Gobierno, por lo que las comunidades no tienen «margen» para decidir sobre ellas.
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avisado de que no aceptará «ningún tipo de discriminación» y ha avanzado que espera que la despoblación, «con hechos», se sitúe entre los pilares esenciales de esa distribución de los fondos.
El Gobierno canario, por su parte, ha solicitado que se prorrogue hasta 2026, tres años más, la aplicación de los fondos europeos para la recuperación pospandémica, ya que las comunidades autónomas desconocen aún el importe que se les asignará.
El Ejecutivo de Baleares ha defendido que la distribución de los nuevos fondos europeos del Plan de Recuperación tenga en cuenta las economías más afectadas y con mayores necesidades de mejora, transformación y diversificación de su modelo, como es el caso balear.
Respecto a la posible penalización a las comunidades que no cumplan con la ejecución del dinero asignado, Montero ha admitido que tiene que haber un mecanismo para que si una comunidad no puede cumplir, entonces el resto se tendrá que hacer cargo de esos recursos para que se puedan impulsar las iniciativas.
«No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el comprometido con Bruselas», ha señalado.
«Bruselas no entra en si una comunidad no ha cumplido, a quien pide explicaciones es al Gobierno de España», ha insistido la ministra.
Y ha añadido que Bruselas hará «el seguimiento, la trazabilidad, las pistas de auditoría y podrá pedir información en cada momento».
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En España, se reparte antes de recibir los fondos y se anuncian pues las mismas sumas por duplicado o triplicado.