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Varios ex altos cargos de la extinta caja de ahorros Sa Nostra, que han declarado como testigos este lunes en la Audiencia Nacional, han afirmado que aprobaban las operaciones sin cuestionarlas, dando por hecho que habían sido revisadas por los departamentos correspondientes de la entidad.

Así lo han explicado ante la sección tercera de la sala de lo penal, en el juicio por la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico «que oscila entre 48 y 50 millones de euros», detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.

Ninguno de los testigos que ha declarado este lunes, antiguos miembros del consejo de la caja, poseía conocimientos económicos y financieros.

Margalida Llinás, técnico de telecomunicaciones, ha explicado que las operaciones que debía aprobar el consejo solían exponerlas el ex director general de Sa Nostra Pere Batle o su número dos Pablo Dols, a los que se atribuyen delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Se daba por hecho que las operaciones habían pasado los controles pertinentes, ha dicho Llinás, y por eso «generalmente se autorizaba todo lo que se proponía».

Francisca Bennasar, licenciada en Historia que formaba parte del consejo de la caja en representación del ayuntamiento de Palma, ya que era vicealcaldesa, ha relatado que su actitud era «escuchar bien lo que explicaban, ya que las operaciones venían ya avaladas».
«Nos decían que era bueno para la empresa, y tenía todas las bendiciones y filtros de los departamentos técnicos de la casa», ha indicado, aunque no recuerda ninguna concreta.

Los consejeros daban por hecho «que todo era correcto, nos decían que todo había pasado por los departamentos correspondientes y además había una actitud de confianza».
Según afirma la Fiscalía Anticorrupción, los órganos de la caja mostraron desde 2005 y «con incremento de la actividad entre 2008 y 2010», un control «deficiente» en un contexto de «mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales».

La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma), se hicieron sin «certeza de la solvencia del deudor» ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo «no pudieran cumplir con sus compromisos de pago».

De igual modo, destaca la «asimetría de las financiaciones», de las que se habrían desviado 23,8 millones de euros, ya que, de sufrir pérdidas, éstas serían soportadas «prácticamente en su totalidad» por la caja.

Al margen de ésta, el juez investiga una segunda querella por las presuntas irregularidades en operaciones realizadas por Sa Nostra siempre a través de su filial inmobiliaria Invernostra, con Sotohermoso, en las que «se permitió que se produjera un desvío de partes de los fondos a fines ajenos», cuantía que los informes fijan en 33,6 millones de euros.

Sa Nostra se integró junto con las cajas de Granada y Murcia y Caixa Penedès en Banco Mare Nostrum (BMN), que en 2017 se fusionó con Bankia.