El toque de queda limitaba la movilidad por la noche. | Enric Fontcuberta - pml - EFE -

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Este domingo 9 de mayo finaliza el estado de alarma en España después de un segundo período de seis meses. La cuenta atrás está en marcha y muchas comunidades temen el caos jurídico para mantener las restricciones sanitarias de la pandemia del coronavirus. Algunas de ellas, incluida Baleares, han solicitado mantener algunas medidas vigentes como puede ser el toque de queda, sin embargo, el Gobierno lo deja todo en manos de las Justicia.

La solución para el Ejecutivo central ha pasado por aprobar en el Consejo de Ministros un decreto en el que establece un mecanismo para que las comunidades puedan recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia. «El recurso de casación era una cuestión demandada, muchas comunidades autónomas se quejaban de que la actuación de los tribunales no tenían la misma posición ante la misma cuestión», ha asegurado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

Darias ha recordado en rueda de prensa que «el estado de alarma conforme aparece regulado en la Constitución está pensado para situaciones excepcionales, no para permanecer en el tiempo. Cuando el Gobierno quiso mantenerlo por seis meses más, fue muy criticado». Y ha añadido que el Gobierno cosidera que ya no es necesario, ya que «la situación epidemiológica a día de hoy muestra que muchas comunidades están relajando medidas, además la campaña de vacunación está avanzando. El escenario a partir del 9 de mayo es completamente diferente».

Sin embargo, un importante número de Comunidades Autónomas se han posicionado en contra del decreto del Gobierno central para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. «Trasladan la responsabilidad a los jueces», proclaman regiones como Cataluña, una idea con la que coinciden varios presidentes autonómicos, que acusan al Ejecutivo central de «judicializar» este asunto.

En concreto, las autonomías gobernadas por el PP, además de Cantabria, País Vasco y Cataluña, han criticado que el Gobierno central se exima de sus responsabilidades políticas asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE, como Extremadura, sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.

En Baleares, la decisión sobre si a partir del domingo se mantiene el toque de queda ya está en manos de los jueces. Serán ellos quienes decidan en los próximos días si estas limitaciones que finalmente ha aprobado el Govern son legales o no lo son. Las Islas han vivido este miércoles una serie de idas y venidas político-judiciales que han culminado con la celebración de un Consell de Govern extraordinariopara aprobar mantener el toque de queda. La convocatoria de este Consell de Govern se debió a la Sala de lo Contencioso del Tribunal decidió a media mañana inadmitir a trámite la propuesta de medidas sanitarias formulada por la consellera de Salut para que fueran aprobadas por el Consell de Govern el viernes.

Estas es la postura en el resto de comunidades:

- ANDALUCÍA
El Ejecutivo andaluz ha criticado que el Gobierno central no haya planteado «un plan B» que facilite a las CCAA herramientas, sino que pretenda pasar la «pelota» al Tribunal Supremo. La Junta se encuentra trabajando en una «transición andaluz hacia la normalidad» y está a la espera de si el Gobierno central pone sobre la mesa algún plan y «arroja luz» sobre la situación a la que se van a tener que enfrentar las comunidades.

- ARAGÓN
El presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha pronunciado explícitamente sobre la decisión del Ejecutivo central, si bien considera un problema que no se pueda aplicar el toque de queda una vez decaiga el estado de alarma, a partir del proximo domingo.

- ASTURIAS
Por su parte, el presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, se ha mostrado prudente ante la decisión del Ejecutivo central. «No tenemos nada que objetar» aseguraba Barbón sobre este asunto, que ha tildado de «novedad» desde el punto de vista jurídico.

- CANARIAS
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que el Gobierno regional está valorando y estudiando desde el punto de vista «jurídico, técnico y científico» el Real Decreto (RD) aprobado por el Ejecutivo central que «da cobertura jurídica» a las comunidades tras el fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo. CASTILLA Y

- LEÓN
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «de negligencia y dejación» de sus funciones por no aprobar «una legislación intermedia» o aprobar algún instrumento al servicio de las comunidades, ya que a partir del 9 de mayo se elimina el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad.
«Ayer el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas, lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo, pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma», señalaba Mañueco.

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- CASTILLA-LA MANCHA
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado este martes que será «muy importante» la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) para plantear «algunos» criterios homogéneos entre las comunidades autónomas y espera «esas soluciones» que el Gobierno de España puedan plantear en el escenario en que decae el estado de alarma.

- CANTABRIA
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la decisión del Gobierno «no soluciona el tema» por el problema de los plazos. «Yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia», ha afirmado.

- CATALUÑA
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán en funciones, Meritxell Budó, ha acusado al Ejecutivo central de «trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales» tras el estado de alarma, que se levanta este fin de semana. «Nos gustaría que la gestión de la pandemia quedara en manos de las autoridades sanitarias, y no de los estamentos judiciales», subrayaba Budó.

- EXTREMADURA
El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado «buena» la decisión adoptada este pasado martes de «unificar doctrina» por parte del Tribunal Supremo tras el estado de alarma por la Covid-19 en España.

- EUSKADI
El Gobierno del País Vasco es uno de los más críticos con la decisión de Sánchez de no prorrogar el estado de alarma. En este contexto, insisten en reclamar que se mantenga esta norma y han afirmado, en boca del vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, que hacer frente a la pandemia «no es el papel de los tribunales», sino que es «principalmente una responsabilidad política».

- GALICIA
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también se ha mostrado disconforme con la aprobación del decreto ley para permitir a las comunidades recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales superiores autonómicos tumban sus restricciones frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.

Al respecto, ha señalado que la «tutela efectiva» de jueces y magistrados es «un principio constitucional», pero ha insistido en que él no considera que «para gestionar una pandemia» tengan que ser «jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos».

- LA RIOJA
La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que, el próximo viernes, tendrá lugar un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario para decidir en qué nivel del nuevo Plan de Indicadores se situará la comunidad autónoma a partir del domingo, 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma.

- MADRID
Las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid han imposibilitado que el Ejecutivo madrileño en funciones se haya pronunciado sobre este anuncio del Gobierno central.

- MURCIA
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado los problemas generados «porque el Gobierno central ha estado seis meses sin tomar una sola decisión; sin establecer un plan b jurídico alternativo para dar herramientas a las comunidades autónomas para que puedan seguir protegiendo a la población».

- NAVARRA
El Gobierno de Navarra flexibilizará a partir del 9 de mayo las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma.

- COMUNIDAD VALENCIANA
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este martes que «hay que ver la letra» del nuevo decreto anunciado por el Gobierno que permitirá al Tribunal Supremo tener la última palabra sobre las restricciones de las CCAA porque «puede tener muchas aristas», y al respecto, ha insistido en que la instancia del Consell será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que ha destacado su actitud de prudencia y «sensibilidad» con la situación de la pandemia con la autonomía.