El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el palacio de La Moncloa. | Efe

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El Gobierno va a pedir al PSOE y Unidas Podemos la retirada de la reforma registrada en el Congreso para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), iniciativa que suscitó recelos en Bruselas y con la que se quería presionar al PP para negociar la renovación de ese órgano.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apuntado que ayer lunes comunicó esta decisión a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y ha considerado que el PP se queda «sin excusas» para no negociar la renovación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió dejar en suspenso ya el año pasado esa reforma después de que el Consejo de Europa y de que la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca el asunto para evitar una politización del CGPJ.

PSOE y Unidas Podemos optaron entonces por cambiar la ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde hace más de dos años.

La vicepresidenta de la Comisión Europea consideró que esa reforma está, en principio, en línea con el Estado de derecho, pero destacó que «hace aún más urgente la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ».

Campo ha subrayado ese aval de Bruselas y ha enmarcado la retirada en la necesidad de evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia.

La retirada de la proposición de ley, que ya estaba congelada, es para el Gobierno un gesto frente a quienes se dedican a poner palos en las ruedas.

Pero desde el Congreso, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha señalado a los periodistas que desconocía el anuncio que ha hecho Campo y ha indicado que no está de acuerdo en retirar la reforma hasta que no haya una propuesta alternativa.

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Su compañera Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y sentada junto a Campo, ha acusado al PP de estar «en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución» y se ha mostrado convencida de que si fuera el Gobierno el que bloqueara la renovación «sería un auténtico escándalo democrático».

El ministro de Justicia ha reiterado que la renovación del CGPJ es «absolutamente urgente» y ha instado al PP a «dar un paso atrás» en su estrategia de bloqueo.

No ha respondido sin embargo cuando le han preguntado si el Gobierno está dispuesto a retirar la candidatura del juez José Ricardo de Prada. El PP rompió las ultimas negociaciones por ese nombre, ya que lo consideran una propuesta de Podemos y se niega a negociar con ese partido.

Campo ha apostado por reactivar las negociaciones cuanto antes, sin tener que esperar a que pasen las elecciones madrileñas y en su «optimismo metabólico» ha insistido en que un pronto acuerdo es posible porque hay «muchísimo camino avanzado».

A su juicio además, con la aprobación hoy por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de eficiencia organizativa en la Justicia el PP «quizá tiene un argumento menos para oponerse» a renovar el CGPJ, ya que la norma profundiza en «la democracia interna» del Poder Judicial.

Con esa ley, los actuales juzgados unipersonales quedan sustituidos por tribunales de instancia, con sus respectivas secciones según los distintos tipos de asuntos.

Los jueces serán los encargados de elegir a los órganos de gobierno de estos tribunales, con lo que se ensanchan sus oportunidades de participar en su autogobierno, destaca el Ministerio.

Campo ha resaltado que el ley incrementa también la seguridad jurídica, ya que se establecerán criterios interpretativos comunes para los miembros del tribunal y los jueces que se separen de ellos deberán motivar sus razones.

Según el anteproyecto, habrá 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales.
La ley creará también oficinas de justicia en los municipios, una evolución de los actuales juzgados de paz con las que se quiere acercar los servicios de la administración de justicia a la población que vive en áreas rurales.