Pandemia de coronavirus

El Gobierno ultima medidas de solvencia y plantea que parte de su coste sea asumido por la banca

| Madrid |

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La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

CHEMA MOYA

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ultima ayudas directas y medidas para la solvencia de las empresas viables afectadas por la crisis, para lo que trabaja con el Banco de España y el sector financiero en cambios relativos a los avales del ICO, cuyo coste tendrán que asumir en parte las entidades financieras.

Así lo han señalado fuentes del departamento, que explican que el Gobierno trabaja en medidas de «más calado» en el ámbito financiero relativas a los préstamos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la intención de poder ponerlas en marcha a lo largo del mes de marzo.

El enfoque del nuevo paquete de medidas está relacionado con el apoyo a la solvencia de las empresas viables afectadas por la crisis del coronavirus, según señalan las fuentes, que avanzan que el sector financiero tendrá que «contribuir a la solución», para lo que se diseña junto con el Banco de España y el sector bancario un procedimiento lo «más automático posible».

Después de que los avales del ICO hayan permitido movilizar 116.000 millones de euros a través 960.000 operaciones, en Economía ven «muy positivos» los datos y la utilización de las líneas de avales, algo que atribuyen a la colaboración público-privada, ya que el sector bancario puede realizar un mejor análisis de los riesgos.

En este sentido, las nuevas medidas que prepara el Gobierno también implicarán que las entidades financieras asuman una parte del riesgo y el coste de las mismas. Entre los instrumentos que podrían ver la luz se encuentran los préstamos participativos, la condonación de parte del 70% u 80% que avala el Estado en los créditos del ICO o quitas a dichos préstamos, lo que comportaría que la banca asumiera un mayor coste por la parte no avalada y que la deuda del Estado también se incrementara, al tener que ejecutar parte de los avales.

«La lógica de la corresponsabilidad es absolutamente necesaria, porque las implicaciones son para el sector financiero y el público; las medidas que pueden prevenir una crisis nos afectan a todos», remarcan desde el departamento de Nadia Calviño.

En las entidades se muestran en general receptivas y «por la labor» de asumir ese coste, según aseguran las mismas fuentes, que valoran la colaboración del sector para mantener la financiación del tejido productivo, ya que más del 36% de la nueva financiación desde marzo del año pasado fue con avales del ICO y el resto la habitual, lo que da cuenta de que el sector continuó desarrollando su actividad.

De cualquier forma, desde Economía insisten en que hay que seguir trabajando y asumiendo riesgos y costes «conjuntamente», con el objetivo de que las nuevas medidas supongan un alivio financiero y permitan mejorar los indicadores de las empresas viables directamente afectadas por la pandemia, dada la necesidad de evitar una retirada prematura de las ayudas para no poner en riesgo lo logrado hasta la fecha y, en su lugar, adaptar y focalizar las medidas.

Ayudas directas

El Ministerio de Asuntos Económicos hace una valoración muy positiva del paquete de ayudas y medidas aprobados desde marzo del año pasado para hacer frene a la pandemia, cuyo impacto cifra en torno al 20% del PIB, a razón de un 15% en ayudas a la liquidez y un 5% en ayudas directas, con 40.800 millones para ERTEs, prestaciones de autónomos e incapacidad temporal.

Así, a las medidas en el ámbito financiero se sumarán las nuevas ayudas públicas que se puedan acometer tanto desde el Estado como, en mayor medida, desde las comunidades autónomas, tras el fondo COVID de 16.000 millones transferido por el Estado a las regiones el año pasado, que no se ha llegado a agotar en su totalidad y que el Gobierno cree que hay que comenzar a usar para dar ayudas directas a las empresas.

Además, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado, el Gobierno está reformando el marco legal existente para poder aumentar los instrumentos y el importe de las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia del Covid-19.

El marco temporal de ayudas de la UE actual permite financiar ayudas a costes fijos de empresas por hasta 800.000 euros, si bien Economía tramita la autorización con Bruselas para elevar dichas ayudas a 1,8 millones, una cifra relevante, dado el elevado porcentaje de pymes en España, de forma que las CC.AA. puedan acogerse a ese marco para la concesión de ayudas directas dirigidas a financiar costes como los arrendamientos, los gastos de suministro o la formación.

Sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en Economía consideran que «han funcionado», ya que las previsiones de la tasa de paro superaban el 17% en 2020 y finalmente se situó en el 15,5%, por lo que este mecanismo perdurará más allá del plazo extendido hasta el 31 de mayo como una figura de carácter permanente.

Según Economía, este elemento de flexibilidad se mantendrá, pero conservando la prohibición de los despidos para asegurar el mantenimiento de la relación laboral, dado el ingente uso de recursos públicos utilizado para pagar sueldos y cotizaciones y aprovechando los tiempos de inactividad para la formación, un factor ya introducido en los últimos ERTE pero que en los del futuro será «esencial», en línea con lo establecido por otros países.

Impacto de la vacunación

A nivel macroeconómico, el Gobierno destaca que la caída del PIB en 2020 (-11%) se situó «en línea» con sus estimaciones, en parte gracias a la efectividad de las medidas aprobadas, al tiempo que mantiene por ahora su previsión «prudente» de un avance económico del 7,2% este año, que podría llegar al 9,8% contando con los fondos europeos. No obstante, Economía admite que, en función de la evolución económica, se verá si es necesario modificarlas en el cuadro macro del Plan de Estabilidad que el Gobierno remita a Bruselas en abril.

Los indicadores del mes de enero fueron «mixtos», mejores respecto al mercado de trabajo y peores en ventas, si bien Economía constata que el impacto de la segunda y tercera ola de contagios está siendo inferior que la primera ola. En el Ministerio consideran que lo que no se crezca en el primer trimestre se crecerá en el segundo, de forma que los distintos meses se irán compensando en el conjunto del ejercicio.

Además, en el departamento que encabeza Nadia Calviño auguran que el plan de vacunación tendrá un impacto positivo en la economía en breve, antes del verano, cuando espera que se pueda alcanzar un 70% de vacunados de toda la población. Una vez se constate la recuperación, el Ejecutivo tiene previsto abordar la consolidación fiscal para reducir el déficit y la deuda pública, que el año pasado cerró en el 117,1% del PIB, algo que ve «necesario» para hacer frente a las políticas para paliar la COVID.

El calendario que maneja Moncloa pasa por enviar en marzo a Bruselas el plan de inversiones y reformas, para que las instituciones europeas lo validen en torno al mes de junio, si bien ya se han lanzado manifestaciones de interés y se empezarán ya con las licitaciones.

Por último, sobre las reformas que exigirá Bruselas para liberar los fondos, desde el Ministerio de Economía precisan que no son «impuestas» por la Comisión, sino que se comparte el diagnóstico sobre las carencias y problemas, para lo que se abordará la reforma del mercado laboral en el marco del diálogo social, y otras relativas a la formación, el capital humano o las pensiones.

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Angelcaido
Hace 9 días

LAS medidas DE esta IZQUIERDA siempre las tienen que PAGAR LOS DEMÁS...Será que no nos muelen a impuestos.

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