El Ministerio Público señala que el médico no tuvo en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento del citado anciano el contexto epidemiológico de España y no aplicó el protocolo vigente, «privando con ello de una adecuada atención al usuario», y además del delito de homicidio imprudente le atribuye otro de omisión del deber de socorro.
En su denuncia la Fiscalía relata que entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en el centro 54 usuarios de los que 45 tenían síntomas compatibles con el coronavirus, y el 6 de abril fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba.
Añade que muchos de ellos presentaban sospecha de COVID-19 «si bien no puede precisarse el número real de fallecidos por esta causa por estar la mayoría de los fallecimientos certificados por médicos externos y no guardar la residencia registro de los motivos de la defunción en esos casos».
La Fiscalía relata que a pesar de tener 156 plazas autorizadas la residencia contaba con anterioridad a la crisis sanitaria únicamente con un médico -el denunciado por la Fiscalía- y siete diplomados universitarios de enfermería que debían dar servicio las 24 horas del día.
Agrega que este médico «atendía a los usuarios en horario de mañana y compatibilizaba su labor con la dirección del área médico-preventiva del centro».
El Ministerio Fiscal destaca que «en las fechas referidas el equipo sanitario, ya de por sí escaso, se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejó a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches además de los fines de semana».
«Esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación en las que manifestaba que no tenían capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro», subraya.
En las misivas indicaba que si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda su alternativa era desalojar a sesenta usuarios al considerar que solo podía atender al 50 por ciento.
Incluso reconocía que su incapacidad de gestión alcanzaba «a aspectos tan básicos como la administración de las comidas o a la movilidad básica de pacientes», advierte la Fiscalía.
Indica que el denunciado no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde se le había designado a la residencia un geriatra de referencia como profesional de enlace ante casos sospechosos de COVID-19.
Añade que «desatendiendo estas previsiones, informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias y que por tanto todos los casos sospechosos de covid-19 serían tratados en la residencia».
«Además ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería», abunda el Ministerio Fiscal.
Relata que «entre el 23 y el 31 de marzo de 2020 la residencia dejó de cumplir con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados y cuando retomó las comunicaciones los residentes fallecidos habían aumentado drásticamente, quedando once asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron».
«Con estos datos el 4 de abril procedió a reclamar a la Unidad Militar de Emergencias una profunda desinfección y más tarde, ante la magnitud de la situación, se optó por la intervención del centro», señala la denuncia.
La misma cita el caso del referido anciano de 89 años, que padecía un importante deterioro cognitivo y que falleció el 4 de abril a causa de un distrés respiratorio con sospecha de infección por covid-19.
«Hacia el 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de la insuficiencia respiratoria vinculada al coronavirus que le produjo finalmente la muerte al anciano ante lo cual el médico no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad y no aplicó el protocolo», concluye.
3 comentarios
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A ese médico le puede caer tranquilamente una buena condena, porque es responsable de muchas muertes. Es más, no debería poder ejercer de medico nunca más. Ese tipo es tan médico como el doctor Mengele.
A este médico seguro que le cae una buena condena, mientras que a este gobierno con 90.000 muertos aún le aplaudirán. Y el caso es muy parecido, no haber tomado las medidas adecuadas frente al coronavirus.
TOMO EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS....Pablo Iglesias Dixit.