Personal sanitario, en la residencia Oasis de Can Pastilla. | M. À. Cañellas

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La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias por la pandemia de COVID, señalando que desde el pasado mes de marzo se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209, 112 de ellas en Madrid.

En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42 por ciento (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36 por ciento de tipo general por la situación de las Residencias (163).

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También ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la población de residentes, que ha sido de entre el 6 y el 8 por ciento, si bien concretar esta corresponde la Instituto Nacional de Estadística (INE), ha reconocido.

En el ámbito civil -seguimientos para asegurar derechos de los residentes- se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunación por familiares, 69 por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria.