Minuto de silencio en Palma por la agresión a una jueza en Segovia. | Guillermo Esteban

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las cuatro asociaciones judiciales españolas han condenado la agresión sufrida este martes por la jueza de Santa María la Real de Nieva (Segovia) María Sonsoles Sanchidrián, apuñalada por un hombre cuando salía del juzgado y que tuvo que ser ingresada grave en un hospital.

En un comunicado, el CGPJ subraya que en un Estado de derecho corresponde al Poder Judicial la resolución pacífica de los conflictos, con la posibilidad de recurrir cuando no se comparten las resoluciones judiciales, pero advierte: «Lo que no es admisible nunca y bajo ningún pretexto es acudir a la violencia como forma de discrepancia».

El ataque contra la jueza y «contra el papel constitucional que ejerce», añade, trasciende lo personal y supone «un atentado contra nuestro modelo de convivencia, basado en el pleno respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, que también se observará en la investigación judicial de estos hechos».

Por su parte, en un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente también condenan la agresión a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva «perpetrada al parecer por una persona sobre la que había dictado una sentencia civil adversa».

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«Las asociaciones firmantes mostramos nuestra condena más enérgica a este hecho y el total apoyo a la compañera, a la que deseamos una pronta y completa recuperación», señalan.

Añaden que la naturaleza de su función, que les obliga a tomar decisiones que pueden ser desfavorables a una de las partes del litigio y afectan en ocasiones a derechos fundamentales, les expone a este tipo de situaciones.

Recuerdan que los jueces ejercen «las funciones jurisdiccionales en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos y cualquier ataque de este tipo, en la medida en que se dirige no solo a la persona sino también a la función que ejerce, constituye también un ataque a las reglas básicas de nuestra convivencia y merece la repulsa de todos los ciudadanos».

En otro comunicado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamenta profundamente la agresión sufrida por la jueza, apuñalada con un destornillador, y recuerda que el juez y el fiscal «suponen el cierre y la última garantía del Estado de derecho y de la convivencia democrática social».

«Que un ciudadano llegue al punto de apuñalar a un juez de esta manera, a la salida de la sede judicial, evidencia lo que falta todavía en formación cívica, en cultura democrática y también en incremento y mejora de las medidas de seguridad para quienes imparten Justicia», advierte.