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La pretensión del Ejecutivo es abordar la posible prórroga de la prohibición de desahucios cuando se aproxime el 31 de enero de 2021, que es cuando expira la moratoria vigente, y no durante la tramitación de los Presupuestos del próximo año, como pretenden Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este martes que será el Ejecutivo el que aborde este asunto, por lo que ha considerado que «no tiene sentido» la enmienda presentada en el Congreso por esos tres partidos para que la moratoria se extienda hasta diciembre de 2022.

«La iniciativa la tomará el Consejo de Ministros en el momento en que esté próxima la finalización del período de vigencia. Por lo tanto, no tiene sentido alguna de las enmiendas que se ha presentado en relación con esta materia», ha comentado la portavoz en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa.

A pesar de la controversia surgida tras el registro de la enmienda la pasada semana, Montero ha enfatizado que «nunca ha habido ningún tipo de discrepancia en el interior del Gobierno» respecto a la cuestión de los desalojos porque todos los ministros tienen «una importante sensibilidad» hacia ella.

Ha incidido en que hay una norma «plenamente vigente» y que aún quedan más de dos meses para llegar a un acuerdo que pase por la prórroga de la norma o por incorporar «algún elemento que pueda resultar de interés» para mejorarla. «Pondremos en marcha esta medida en la línea en que vaya acercándose el periodo final de duración de las actuales medidas», ha añadido Montero.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzó este pasado lunes, que la intención sería ampliar la medida a través de un decreto ley, en vez de por medio de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Montero ha aseverado que el Ejecutivo ha sido «muy consciente» del problema de los desahucios desde el primer día y de que una de sus prioridades es trabajar con los ayuntamientos y comunidades autónomas para encontrar alojamientos alternativos a quienes se ven amenazados por un desahucio al tener pocos recursos.

ERC mantiene su postura de que debe cumplirse el pacto sellado con Unidas Podemos, si bien la formación morada ha mostrado su disposición a retirar la enmienda si se tramita por la vía de urgencia el decreto ley.