Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat, Quim Torra (i), y el vicepresidente Pere Aragonés. Los anticapitalistas han emprendido una campaña de denuncia de lo que ellos califican como las cloacas de la Generalitat. | Efe

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¿Espionaje en el seno del independentismo catalán? Eso es lo que apuntan desde la CUP, a raíz de una investigación plasmada por La Directa, que según los anticapitalistas ha desvelado que «desde enero de 2020, varias organizaciones y miembros de la izquierda independentista han tenido constancia de la recepción de correos electrónicos falseados por parte de autores desconocidos con una clara intencionalidad de acceder a informaciones internas».

La CUP denuncia que «esta práctica se ha mantenido hasta los últimos días y ha ido afectando a diversas organizaciones y colectivos». A través de la misma supuestamente se intentaban conseguir «desde organigramas, calendarios de reuniones, documentos internos, etc».

El trabajo periodístico del citado medio de comunicación autogestionado apunta a que, a raíz de esta investigación, se ha constatado que los atacantes se han apoderado de «varios correos de diversas organizaciones de la izquierda independentista», con los que se dirigían a otras organizaciones, como el digital Vilaweb o el Sindicat de Llogaters.

Sobre la información de las direcciones IP desde las cuales se han producido estas prácticas, la CUP apunta que «en varios casos se ha constatado que corresponden con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)», empresa pública adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. También con el Complejo Central Egara, la sede central de la policía catalana, y con otros emplazamientos no definidos y situados en Madrid y Vic (Barcelona).

«Ante la macro operación judicial contra del movimiento independentista, no entendemos como el gobierno de la Generalitat, formado por JxCat y ERC, propician estas tramas de espionaje propias de las cloacas del Estado hacia la izquierda independentista y los movimientos sociales», ha asegurado la diputada Maria Sirvent.