El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en una imagen de archivo. | Efe

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La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su familia, a quienes el juez propuso juzgar por formar una presunta organización criminal para enriquecerse durante décadas mediante actividades relacionadas con la corrupción.

En un escrito fechado el pasado 3 de septiembre, adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso Efe este viernes, Anticorrupción se opone al recurso que presentó la familia Pujol ante la Sección tercera de la Audiencia Nacional, a quien pide que siga adelante con el procedimiento de cara a sentar en el banquillo al expresident, a su mujer, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos.

La teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, alude en su escrito a «la actuación conjunta» de la familia Pujol en cuanto «a la recepción de fondos, su reparto, incluidas las consignas de actuación respecto de los mismos, que permitió la ocultación de la existencia de los fondos, con lo que ello significaba».

Recuerda que todos los miembros de la familia fueron titulares de cuentas en la entidad AndBank que abrieron entre 1990 y 1992 y que cancelaron «en las mismas fechas»,entre octubre y diciembre de 2010.

«Simultáneamente», abrieron cuentas en otra entidad, Banca Privada de Andorra, y después «todos traspasaron sus fondos a Fundaciones Panameñas» para «obtener mayor opacidad». Finalmente acabaron cancelando esas cuentas y, en algunos casos, regularizando los fondos ante las autoridades españolas.

Y añade además que en el caso de Josep Pujol, regularizó en España el dinero que tenía en la Banca Privada de Andorra, pero no el que guardaba en AndBank «con objeto de evitar que se descubriesen los fondos existente de los demás miembros de su familia».

Del primogénito de los Pujol, Jordi, la fiscal subraya que «no regularizó ninguna cantidad de las que bajo su titularidad dispuso fuera de España» y que constan cantidades «sobre las que no ha tributado».

El magistrado instructor del caso procesó al expresident y a su familia por los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La fiscal carga contra las alegaciones realizadas por los Pujol en su recurso, con el que, dice, pretende que la Audiencia vuelva a revisar las diligencias de prueba practicadas durante la instrucción, cuando eso sólo le compete al tribunal que les debe juzgar.

En el auto en el que el juez propuso juzgar a la familia, consideró acreditado que los Pujol Ferrusola aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, «para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».