La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), en el que los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años de prisión por su papel en la célula terrorista.
Tres años después de los atentados en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas, el caso llega a juicio ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en su perfil de Twitter el diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de la familia de una de las víctimas del 17A, y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la vista comenzará el 10 de noviembre y se desarrollará «durante los días siguientes hasta su conclusión» en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), de forma que los acusados deben permanecer «en centros penitenciarios próximos a Madrid a fin de garantizar su derecho de defensa».
Se sentarán en el banquillo Mohamed Houli Chemial, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona); Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas; y Said Ben Iazza, quien presuntamente prestó a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos.
Para los dos primeros la Fiscalía pide 41 y 36 años de prisión, respectivamente por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; y para el tercero solicita 8 años de cárcel por colaboración con la célula.
En la resolución, el tribunal hace un recorrido por las pruebas solicitadas por las partes que considera «innecesarias» y que, por tanto, rechaza practicar durante el juicio, entre ellas varias pruebas testificales o periciales.
Asimismo, la Sala considera que, «indudablemente», no es el «momento procesal» para solicitar la responsabilidad civil, directa o subsidiaria, del Estado, «tal como hacen algunas de las acusaciones particulares», algo que ya rechazó el pasado 9 de julio.
Sin perjuicio, prosigue el auto, de la obligación del Estado reflejada en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que «en ningún caso el abono previsto en este artículo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria del Estado en los procesos penales».
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo piden prisión permanente para Oukabir y Houli Chemlal por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un delito por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, si bien la Audiencia abrió la puerta a que lo plantearan las acusaciones. Para el tercer acusado, solicitan entre 25 y 30 años de cárcel.
También figuran como acusación en la causa el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente, descartando también los delitos de asesinato. No así el Consistorio de Cambrils, que pide también una pena de prisión permanente para Oukabir y Houli.
Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona solicitan ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.
Los tres acusados llevan tres años en prisión provisional a la espera de juicio, con lo que en agosto del próximo año se cumple el límite máximo de 4 años de encarcelamiento preventivo, por lo que urgía sentarles ya en el banquillo.
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