El CNI ha constatado que el crecimiento de ciberataques ha sido uno de los «efectos inmediatos de la COVID-19». | Redacción Digital

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La carrera por lograr la vacuna contra la COVID-19 ha provocado una campaña de ciberataques «especialmente virulenta» contra el sector sanitario, la industria farmacéutica y los centros de investigación en España y el resto del mundo impulsada por «actores estatales o no».

Así lo ha explicado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en su intervención en el seminario de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos con el título Amenazas desde el ciberespacio.

«La pugna por la vacuna es un aliciente más que sobrado para que actores, estatales o no, hayan emprendido una campaña de ataques especialmente virulenta no solo en España, sino en todos los países», ha explicado.

Por ello, el CNI ha compartido información con los servicios de seguridad de otros países sobre las actividades de «ciberespionaje, que todos hemos sufrido sobre organismos nacionales y las instituciones involucradas en las investigaciones para desarrollar la vacuna».

El objetivo de estos ataques es, principalmente, «el robo de propiedad intelectual e industrial, y es rentable ya que, de tener éxito, permite ahorrar tiempo y recursos en investigación científica y desarrollo tecnológico».

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Así, el CNI ha constatado que el crecimiento de ciberataques ha sido uno de los «efectos inmediatos de la COVID-19; no ha sido generador de nuevos riesgos, sino un acelerador de tendencias, un elemento disruptivo e inesperado, un cisne negro» como se llama a cualquier «suceso improbable, que sucede por sorpresa y termina teniendo un gran impacto».

Según Esteban, estos grandes ataques suelen estar patrocinados por «Estados o por grandes grupos cibercriminales cada vez más difíciles de identificar» puesto que dedican grandes recursos técnicos y económicos a la ocultación de su origen real.

Así, los Estados suelen trabajar con estructuras de inteligencia o con 'proxies' como empresas tecnológicas, 'hackers' o ciberdelincuentes de los que se vale para ocultarse y ejecutar acciones ofensivas que no pueden ser fácilmente atribuibles.

Según la directora del CNI, «España, per se y como miembro de organismos internacionales como OTAN o la UE, continúa siendo objeto de constantes intentos de ataques de parte de actores estatales o de grupos esponsorizados por ellos, y no es previsible que esta tendencia deje de crecer».

Por ello, «el CNI no ha bajado la guardia» y desde marzo se esfuerza por garantizar la ciberseguridad de los servicios públicos, «especialmente el sanitario y el tejido industrial y productivo», ha asegurado.