La Fiscalía dictará una instrucción para actuar contra los okupas

| Madrid |

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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, interviene durante la inauguración del año judicial.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, interviene durante la inauguración del año judicial.

J.J. Guillén

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado este lunes que «en los próximos días» dictará una instrucción para todos los fiscales que aborde y unifique el criterio de actuación ante la okupación, que ha considerado un «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica».

Delgado se ha referido así en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, aunque con un aforo de tan solo el 30 % por las restricciones acordadas en la lucha contra la covid-19.

En su discurso, Delgado ha anunciado que «en los próximos días» va a dictar una instrucción que aborde el tratamiento de las «ocupaciones de morada» por parte de todos los fiscales.

Con ello, la Fiscalía pretende unificar criterios de actuación porque entiende que este «fenómeno delictivo» requiere de «una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía».

La okupación es un fenómeno en auge. Según datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Efe, los «hechos conocidos» de ocupación ilegal (solo los denunciados), han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 van 7.540.

Se da en casas vacías e inhabitadas de particulares y de bancos, y no constituye un delito de allanamiento -cuando entran en un hogar o segunda residencia y conlleva una inmediata expulsión- sino una usurpación, un delito leve que se castiga con una simple multa y que implica que el desalojo puede producirse en meses o años.
También ha insistido en la necesidad de reformar los mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores y con discapacidad ingresadas en centros y residencias, una cuestión que preocupa en la Fiscalía pero más aun cuando «los acontecimientos últimos lo han convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene inaplazable».

Ello conlleva, ha continuado, la adaptación de las instituciones de apoyo a la capacidad, el régimen de tratamiento ambulatorio forzoso y el derecho de las personas con discapacidad a relacionarse con sus parientes y allegados.

Delgado ha expuesto en el acto un resumen de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2019 que se presenta este lunes, en la que se desgranan las estadísticas y recomendaciones del Ministerio Público sobre todos los asuntos judiciales.
Así, ha destacado un incremento de un 12 % de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en las que las víctimas son menores de edad, mientras que la cifra se estabiliza en los mayores.

En materia de violencia machista, ha subrayado el «repunte» en la mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, 59 frente a las 51 del año pasado, de las cuales solo 15 habían denunciado previamente, así como un incremento de los asesinatos de menores.
La trata de seres humanos también preocupa a Delgado, ya que este año se han localizado a 830 víctimas, un 3 % más que el año anterior, de las que el 98,27 % son mujeres explotadas sexualmente.

Al respecto, ha dicho que «la persecución del proxenetismo en todas sus manifestaciones se revela una necesidad vinculada no solo con la necesidad de salvaguardar los derechos más elementales de la mujer sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal».

La lucha contra la corrupción política continúa siendo otro de los objetivos prioritarios, ha aseverado la fiscal general, que ha mencionado las llamadas «crisis bancarias» porque «continúan consumiendo importantes recursos de la Fiscalía especial».
Según Delgado, «la respuesta penal a este grave fenómeno criminal exige de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante» de los fiscales, que deben enfrentarse a «procedimientos técnicamente muy complejos y, a menudo, extraordinariamente voluminosos».

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HARTO DE MIQUEL
Hace 7 meses

Siempre el pedante de Josep Miquel dando la nota y tratando de demostrar que es muy listo y culto(o al menos se lo cree). Debe ser colega del barbas.

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JUSTICIERO
Hace 7 meses

La fiscala general del PSOE (mal llamada del estado) les va a poner a los ocupas un abogado de oficio y un cerrajero pagado por todos los españoles para facilitar el acceso a las propiedades que no son suyas, saltándose a la torera el derecho fundamental a la propiedad privada recogida en la Constitución .Pero siempre y cuando no ocupen su vivienda , cosa harto difícil porque tendrá sopocientos policías de seguridad ,ella y todos los políticos de su cuerda.

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ciudadano
Hace 7 meses

Que la pena por allanamiento de morada ha de ser más grave que por el delito de usurpación, es lógico, atendiendo a la gravedad de la conducta; sin embargo en ambos tipos delictivos se produce una apropiación, por la fuerza, de una propiedad privada. ¿qué justificación se puede aducir para que se tarden meses, incluso años, en desalojar a los okupas? con el agravante de que el propietario ha de ser pagando los suministros de agua y luz y tras el desalojo se encuentra con su casa destrozada, y al okupa simplemente lo desalojan, ni multa ni pena. De la misma forma que reformaron la Constitución, art. 135, en una semana, bien podrían, si hubiera voluntad política, reformar el código penal y que no sea tan barato violentar la propiedad privada de esta forma tan impune.

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siset
Hace 7 meses

Securitas Direct és de la família March, la por als okupas és irracional, ells hi guanyen

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Rafel
Hace 7 meses

No acaban con esto de inmediato porque no quieren y punto, no pueden acaso dictar una ley exprés pata impedirme a mi salir de casa o ir donde quiera? Pues con esto lo mismo.

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Arruix-okupas
Hace 7 meses

Una instrucción no es una norma jurídica, es papel mojado en un Juzgado. La seguridad jurídica, básica para la sociedad, no se construye con instrucciones ni circulares. Los "usurpas" seguirán campando a sus anchas ante la actitud policial y judicial-penal de remitir a las víctimas a los juzgados civiles. Si el Gobierno quiere acabar con esta lacra tendrá los apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal de forma clara y contundente, pero no hará nada más que dictar "Instrucciones" y "circulares", de las que quizás muchos implicados "se fumarán un puro".

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Josep Miquel
Hace 7 meses

Ciudadano, ni sap el que diu, miri l'instrucció de la Fiscalia de Balears, i veura que en 48 hores es pot treure a un ocupa si el delicte es allanament, no si es una simple usurpació, naturalment un brillant jurista com vosté sabrà diferenciar ambdués figures delictives veritat?

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Ciudadano
Hace 7 meses

En tanto no se modifique el código penal y se pueda desalojar al instante al okupa y que además le caiga cárcel, todo esto es un brindis al sol para justificar la existencia de ese órgano político, en manos del gobierno de turno, que es la fiscalía y sus ramificaciones.

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Pasaba por aquí
Hace 8 meses

Sabemos de sobra lo que dirá esa instrucción: La policía levantará acta, la remitirá al juzgado, se aplicará la ley de enjuiciamiento y seis meses después, en el mejor de los casos, ya se dictará una sentencia ordenando el desalojo de los okupas, que después deberá ejecutarse, con sus correspondientes diligencias, aplazamientos, recursos, etc.. Vamos, que el desalojo efectivo medio, excederá de un año.

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alcalino
Hace 8 meses

Otra mentira de la fiscal general, los ocupas, los carteristas y los ilegales son los protegidos de este gobierno comunista de Sanchez. En cambio los cerebros se tienen que marchar de España porque no tienen un puesto de trabajo cuando terminan sus carreras.

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