Fotografía de archivode efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizando labores de desinfección en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, para luchar contra el coronavirus. | Efe

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Las comunidades autónomas han recogido las enseñanzas de la pandemia y se preparan para la era post-COVID con cambios que deberían visualizarse en otoño. Aulas con menos alumnos para respetar la distancia de seguridad, servicios de salud con reservas ante un posible rebrote y, algo vital, residencias medicalizadas.

Pero la lección más importante, en palabras del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, es que el Gobierno ha entendido que a las comunidades autónomas hay que financiarlas porque son las que prestan los servicios fundamentales, son Estado y tienen las competencias de gestión.

LECCIÓN 1: EL CORONAVIRUS PONE EL FOCO EN LO IMPORTANTE

«El coronavirus nos ha devuelto a la realidad cuando todo el país hablaba de veleidades como la independencia de Cataluña», señala este profesor universitario y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, que pone el acento en cómo la pandemia afectó a servicios fundamentales que las comunidades no podían prestar en condiciones pese a que eran responsables. Hierro no cree que la descentralización haya operado en contra. «No hay estudios que lo digan, las comunidades han hecho lo que debían, gestionar los hospitales y los centros de salud», al contrario que la oposición política que no ha dado la talla y se ha dedicado a la crítica «destructiva».

«Esto ha sido una orquesta y aunque teníamos un director (el ministro Salvador Illa) cada uno tocaba el instrumento en su territorio y creo que ha funcionado bastante bien pero se ha sobrepasado. En Madrid y Cataluña el sistema no ha dado de sí», dice.

LECCIÓN 2: EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS HAY QUE FINANCIARLO

Hierro valora que en esta lucha se haya entendido que todas las administraciones son importantes, «no hay que menospreciar a ninguna».
Y sobre la financiación, este profesor deja claro que hay que diferenciar la financiacion COVID para gastos sanitarios, educación o liquidez de empresas de la que entra en el modelo de financiación autonómica, que es un «desastre» y está pendiente de resolver desde hace años.

LECCIÓN 3: APUNTALAR LO PÚBLICO
Además de mejorar el ratio de alumnado por clase en las escuelas y el acceso a la tecnología, Hierro se refiere a las facultades de Medicina para las que pide flexibilizar el baremo de acceso porque «estamos infraproduciendo médicos».

«No tiene sentido que un estudiante con un 12 en la EvAU no pueda hacer medicina y después haya que importar médicos de países con peores universidades», razona.
También subraya la necesidad de aumentar camas hospitalarias y personal sanitario del sistema público para que un rebrote «no nos coja desprevenidos».

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Otro punto a estudiar es el transporte público. Se trata de conseguir un equilibrio para que se respete la distancia entre viajeros y eso pasa por invertir y aumentar la frecuencia.
Uno de los aspectos más conflictivos son las residencias. Hierro admite que no se puede negar la atención sanitaria y considera que la Comunidad de Madrid cometió un error «grave» que probablemente le pasará «factura judicial», y como solución apuesta por medicalizar estos centros.

Además propone que las residencias tengan espacios para aislamiento y consulta médica. Y si hay una pandemia deberán ser intervenidas, lo que significa poner un funcionario al frente.

¿Hacia un nuevo modelo sanitario?
El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas sostiene que el Sistema Nacional de Salud ha quedado cuestionado porque un sistema «homogeneizado, uniformizado y gestionando directamente la pandemia ha sido calamitoso». López Casasnovas considera que no es lo lógico mantener el mismo techo competencial para una comunidad de 250.000 habitantes que para otra de 8 millones y ve un sinsentido la aspiración de constituir pequeños servicios de salud «con ínfulas de autosuficiencia».

A su juicio, la descentralización sanitaria «a todos por igual» ha tenido un coste elevadísimo. Y asegura que son las autonomías históricas y las que accedieron por el artículo 151 las que deben tener capacidad de gestión de lo público.
Para López Casasnovas es «ineludible» recuperar «aquello de nacionalidades y regiones» y la gestión directa del Insalud para las comunidades con menos músculo.

Gasto sanitario y dinero europeo

López Casasnovas advierte de que el gasto sanitario crecerá y está por ver si la financiación pública se mantendrá «firme» para responder a través de más impuestos.
Para López Casasnovas, las tasas por servicios -"que no dejan de ser una forma de copago"- son inevitables a menos que la alternativa sea excluir de la prestación pública tratamientos inasumibles por su coste, aunque efectivos.

Lo que sí se ha hecho bien son las ayudas europeas. En opinión de este experto, si este dinero para paliar la crisis del COVID lo hubieran dado en su totalidad en 'cash' la presión del 'statu quo' sería tal que «lo habrían fagocitado todo manteniendo sus vicios».
Pero que ese dinero en buena parte esté condicionado, pase el filtro de proyectos y no vaya directamente a la Tesorería del Estado ni de las comunidades es la «mejor garantía» para que no pase más de lo mismo. «Es la parte buena de la crisis».

Los sanitarios, salvadores del sistema

La parte más positiva ha sido la movilización de los profesionales sanitarios, que acudieron a salvar el sistema. En su opinión, la crisis ha acreditado su capacidad de respuesta.
Pero también ha acreditado, a juicio de este exconsejero del Banco de España, que el sistema sanitario nacional no estaba preparado para la política de compras.

El Sistema Nacional de Salud, dice, «no tiene capacidad de compra, ni de reacción y encarga la tarea a la vieja guardia de la Administración del Estado, lo que ha demostrado una gran inoperancia, al menos en los decisivos primeros momentos».
Para las comunidades pequeñas esto ha sido «miel sobre hojuelas» porque aunque les han absorbido competencias, les han resuelto la situación. Por contra, en las más grandes, como Cataluña, «esto se ha vivido muy mal, como una intromisión más en su capacidad de gestión».