El coronavirus es más peligroso en las personas mayores y en quienes tienen una enfermedad previa.

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Aunque todo español tiene derecho a la red sanitaria pública, muchos no la utilizan. Sea porque su salud no lo requiere, sea porque disponen de un seguro privado, el hecho es que hay quienes llegan a la vejez sin haber pisado un hospital público. No obstante, saben que si las cosas se ponen feas de verdad, si realmente se necesita una atención médica especializada, la sanidad pública suele ser mejor.

Esos mismos españoles ven cómo otras personas acuden al médico o al hospital público de manera abusiva, sin que muchas veces responda a una necesidad real. Sin embargo, ellos sólo acuden cuando realmente es inevitable, lo que a decir verdad es infrecuente. Toda la vida pensaron que, desgraciadamente, ya llegará ese día en el que haya que acudir a lo mejor. Será el momento en el que estemos contra las cuerdas, jugándonos la vida.

¿Cuándo será ese día? Ojalá no llegara, pero para eso contamos con la garantía de que en última instancia tenemos la sanidad pública, a la que todos hemos financiado con nuestras aportaciones económicas.

Para unos cuantos miles de españoles, quién lo iba a decir, ese día llegó por culpa de que un chino se comió un pangolín, con lo que un virus animal pasó al ser humano, causando la terrible pandemia que azota al mundo. Pues bien, en ese momento, la sanidad pública española, ese fantástico equipo humano y técnico que este país ha ido ensamblando a lo largo de las últimas décadas, debía ofrecerles los respiradores mecánicos para auxiliarlos en un momento tan delicado, pero no mucho más porque, como sabemos, no hay tratamiento médico eficaz contra la COVID-19.

Este virus es bastante rebuscado: es más peligroso en las personas mayores y en quienes tienen una enfermedad previa. También ocurre con la gripe, pero el coronavirus es aún más agresivo, aún más destructivo.

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La España incapaz de decirnos con precisión la mortalidad atribuible al virus, ignora también cuántos españoles que en estas últimas semanas necesitaron un hospital público fueron rechazados con engaños y mentiras, porque no había plazas. Sabemos que son miles, pero desconocemos la cifra exacta. Los responsables del sistema de salud habían decidido que eran ya muy mayores para recibir atención médica y que los escasos recursos sanitarios disponibles no podían ser para gente de su edad. En Baleares dicen que les pusieron una etiqueta roja, que significa que su derecho a recibir atención médica decae porque hay otros españoles prioritarios. Excluidos por mayores, por estar al borde de la muerte.

Toda la vida esperando a ser mayor y tener un verdadero riesgo vital para acudir a un hospital público para descubrir que los excluyen precisamente porque nuestra sanidad no puede atender ni a los mayores ni a los que están al borde de la muerte. Alguien había escogido salvar a los jóvenes. Triaje, que le dicen: usted, a morir; a usted intentaremos salvarle.

Otros países europeos vivieron el mismo dilema, porque la crisis no fue sólo nuestra: algunos hicieron lo que en España, pero en Francia, por ejemplo, se organizó el traslado de los pacientes del noreste, más afectado por la enfermedad, en trenes de alta velocidad medicalizados, al suroeste, donde aún quedaban camas. Y muchos otros fueron llevados a Alemania, que tenía plazas vacantes. Todo menos abandonar al débil.

En esa España en la que durante los meses de enero, febrero y marzo nos aseguraban que no había motivo para la preocupación porque teníamos los protocolos necesarios para que la sanidad pública respondiera correctamente ante una epidemia que, nos decían, no nos va a llegar. Pero, si nos llegara, estamos perfectamente preparados. Que nadie lo dude.
Como siempre queda algún desconfiado capaz de dudar hasta de su propio gobierno, la vicepresidencia de asuntos sociales, ocupada por Pablo Iglesias, se hizo cargo en todo el país de la gestión de las residencias sanitarias de mayores, públicas y privadas, de manera que quedaba claro quién tendría el control único. Una vicepresidencia que lucha por los derechos básicos de los españoles, entre ellos a la sanidad. Pues incluso así, en la mayor parte de las autonomías, les dijimos a nuestros mayores que no podíamos atenderlos.

Tal vez la última paradoja sea la más reveladora: miles de muertos sin atención médica, y no hay nadie responsable. Miles de ancianos con una etiqueta roja que significa que están condenados por ancianos y por enfermos, y nadie da la cara y admite su responsabilidad. Es como si nadie mandara. Ya ven, si no sabemos quién es el responsable, menos vamos a saber cuántas son las víctimas. Vivimos en la impotencia.