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Escaladores de Greenpeace han desplegado una pancarta en la plaza de Neptuno de Madrid, próxima al Congreso de los Diputados, para exigir que no se destine más dinero público a empresas contaminantes. La acción se ha llevado a cabo coincidiendo con el día en el que el Gobierno tiene previsto aprobar las nuevas ayudas a la compra de automóviles.

En la pancarta de unos 200 metros cuadrados, instalada a 50 metros de altura, puede leerse 'No más dinero público a empresas contaminantes'. La organización ecologista ha alertado de que el plan de ayudas a vehículos diésel y gasolina, además de ir contra la transición ecológica, podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10 por ciento del PIB nacional.

Asimismo, han criticado que se pongan a disposición de las aerolíneas más de mil millones de euros en avales públicos, a los que se suma el paquete de ayudas directas de 1.050 millones de euros para la automoción que se aprueba hoy.

«El Estado financia a industrias contaminantes con dinero público en el contexto de la Covid-19, comprometiendo los objetivos de reducción de emisiones firmados por España», ha declarado Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace, que pone como ejemplo a la industria de la automoción. «Mientras países como Alemania o Francia concentran sus ayudas en el desarrollo de vehículos eléctricos, España aprueba subvenciones millonarias para coches diésel y gasolina, perpetuando así nuestra dependencia de los combustibles fósiles», ha añadido Fernández.

Asimismo, Greenpeace ha avisado del riesgo que supone para España seguir basando las exportaciones en vehículos de combustión interna, mientras los países de las principales matrices --como Francia o Alemania-- evolucionan rápidamente hacia nuevas tecnologías.

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«Lo sucedido en Nissan podría repetirse si no se aborda la transformación del sector hacia vehículos de cero emisiones», ha alertado Fernández.

La organización ecologista señala que es el momento propicio para darle la vuelta al sistema y acometer cambios estructurales de calado que impulsen y fortalezcan al país, sobre todo para afrontar crisis como la climática, que ya lleva tiempo avisando de sus devastadores efectos.

La acción de Greenpeace se produce el mismo día en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el plan de rescate al motor, que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de euros para incentivar la venta de automóviles, incluidos los de combustión.

La organización ecologista ha criticado que el Ejecutivo haya disfrazado esta ayuda multimillonaria como «verde» cuando en realidad supone apuntalar un modelo de movilidad basado en el vehículo privado y contaminante.

Greenpeace ha denunciado que este plan de ayuda se ha diseñado «al dictado del lobby de la automoción, sin esperar a la recuperación de la actividad y sin evaluar el impacto que supondrá una mayor venta de vehículos diésel y gasolina».

En opinión de Greenpeace, el Gobierno es plenamente consciente de que es posible conceder ayudas solo a coches cero emisiones, puesto que también se aprueba la ampliación a 100 millones de euros del Plan MOVES II y otros 300 para compra pública. La organización ecologista reconoce estas medidas y destaca que sólo apoyando una flota cero emisiones se podrá garantizar la viabilidad laboral y ambiental de la automoción.

Además, Greenpeace ha valorado positivamente que se comiencen a vincular las ayudas a la renta de los compradores y pide mayor progresividad para evitar subvencionar la compra a las rentas altas.