El delegado de Gobierno, José Manuel Franco, en una imagen de archivo. | Efe

Las tres asociaciones personadas como acusación en el procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un supuesto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la causa.

La Unión de Oficiales, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha explicado que interpondrá el correspondiente recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

Esta entidad cree que es «prematuro cerrar la investigación» porque de las pesquisas practicadas por el instituto armado se desprende que se realizaron actos multitudinarios cuando se «tenía conocimiento del riesgo que entrañaba la celebración» de los mismos.
La asociación considera, en un comunicado, que si Franco no tenía conocimiento del riesgo de las convocatorias habría que aclarar «por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión».

Y es que la Unión de Oficiales «no tiene interés en culpar a una persona concreta», pero pide que se «esclarezca la verdad» porque se lo deben a miles de personas que han perdido la vida con esta enfermedad.

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Asimismo, reafirma la importancia del «meticuloso» trabajo realizado por los investigadores de la Guardia Civil, ya que, pese a los múltiples intentos de ataque, servirá como instrumento para avanzar en las pesquisas, dice.

Por su parte, José Luis Escobar, abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, ha afirmado que esta instrucción va a servir para continuar el procedimiento contra el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Escobar considera que la causa contra Franco se ha archivado porque «no estaba informado» de la crisis sanitaria y el encargado de trasmitir esa información era Simón. «Hay muchos datos investigados por la Guardia Civil que apuntan a Simón», ha dicho.

Otra de las acusaciones, la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), representada por el letrado Víctor Valladares, ha anunciado que también recurrirá el archivo del procedimiento contra el delegado del Gobierno.

La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» entre el 5 y el 14 de marzo.