La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante una intervención en el pleno del Congreso. | Kiko Huesca

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes a las comunidades autónomas de no haber hecho «su parte previa del trabajo» y de no haber «hecho discriminación» a la hora de remitir al Ministerio de Empleo «lo que eran ERTE de lo que no».

En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha justificado que el «volumen» de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido «una cosa absolutamente de récord» lo que, unida a ésta supuesta inacción de «muchas» autonomías, ha provocado retrasos en los pagos.

«En un momento de teletrabajo se produce una parte importante del trabajo de cribado. Los ERTE se están pagando. Es verdad que se producen cuellos de botella porque hemos tomado una decisión muy importante. Es verdad que hay veces que hay huecos que no se cubren. Pero hemos sido muy preventivos», ha explicado.

En esta línea, la vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo ha tenido que reaccionar de manera muy rápida para dar respuesta a los trabajadores, aunque ha reconocido lo abrumador de la «avalancha» de documentación que ha sido remitida por las propias CCAA.

Preguntada si el Gobierno ampliará los ERTEs hasta finales de año, Calvo ha explicado que están trabajando con los agentes económico y sociales para que estos expedientes no lleguen a convertirse en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Se busca, de esta forma, evitar la «tradicional respuesta de generar mucho paro». «Es una forma cíclica cuando se tiene que reaccionar a la crisis echar a la gente del trabajo y crear una bolsa de paro», ha indicado Calvo, que ha asegurado que la intención del Ejecutivo es que «la gente con más problemas» no se quede en la «vía muerta».

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Calvo se ha expresado así después de que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, pidiese este jueves ampliar «al menos hasta diciembre» los ERTE y dotarlos de mayor adaptababilidad, si bien ve «muy difícil» que se alcance un acuerdo antes del día 15.

Calvo también responsabiliza a las CCAA de la gestión de las residencias de mayores

En relación a la gestión de las residencias de mayores, Calvo ha asegurado que las comunidades autónomas «han tenido las competencias todo el rato», tal como sostiene el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y en contra de lo que argumenta la Comunidad de Madrid.

«Independientemente de cualquier debate, las residencias son competencia de las comunidades como todo el mundo sabe», ha argumentado Calvo. Además, ha puntualizado que con en el decreto de declaración del estado de alarma «las comunidades no fueron vaciadas de sus competencias» porque «eso no es posible en este país».

En este sentido, ha recordado que el «decreto de estado de alarma ordena criterios para trabajar y dar al Gobierno de España la posibilidad de establecer una limitación, que no suspensión, de algún derecho como la movilidad». Como ejemplo, ha mencionado que «nadie podía gestionar los hospitales de Andalucía salvo la Junta, otra cosa es que tuviesen que suministrar datos para saber como iba la pandemia y tomar decisiones».

Calvo ha asegurado, en alusión a la Comunidad de Madrid, que «quienes han abierto el debate por ahí no ayudan», porque, en su opinión, «para hablar de ancianos y de los colegios cuando abran pasado el verano, lo que hay que hacer es, cada uno en sus competencias, reflexión política y humana».

En esta dirección, la vicepresidenta cree que el «uso del tiempo en este país es poco compatible con la vida personal y con la posibilidad de cuidar a los mayores y atender a los menores» y, en su opinión, esto «obliga a pensar en política de otra manera distinta».