El exconseller Carles Mundó ha reclamado una indemnización de 19.409 euros al Ministerio de Justicia por los 33 días que permaneció en prisión preventiva por la causa del «procés», en la que el Supremo acabó condenándolo solo por un delito de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel.

En su escrito de reclamación patrimonial dirigido al ministerio, al que este miércoles ha tenido acceso Efe, el exconseller de Justicia mantiene que fue encarcelado de forma «indebida», acusado de delitos castigados con prisión de los que luego fue absuelto, lo que le ha ocasionado daños económicos, psicológicos y morales que estima en 19.409 euros.

Mundó ingresó en prisión el 2 de noviembre de 2017 por orden de la Audiencia Nacional, a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra el Govern de Carles Puigdemont por el proceso independentista, y permaneció encarcelado hasta el 4 de diciembre, cuando el Supremo lo puso en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

En su sentencia del pasado 14 de octubre, el Supremo acabó por absolverlo del delito de malversación del que se le acusaba, por el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le pedían 7 años de cárcel y 24 la acusación popular de Vox, y condenado únicamente a inhabilitación y multa por desobediencia, que no acarrea penas de prisión.

Según argumenta Mundó en su escrito, su «indebida» estancia en prisión preventiva durante 33 días comportó una pérdida de ingresos económicos a su familia, un «impacto emocional» para sus tres hijos, que requirieron tratamiento psicológico, y daños a su «honorabilidad» por su permanente exposición mediática relacionado con graves delitos.

«El escrito recuerda que el despacho de abogados en el que trabajaba le rescindió el contrato tras su ingreso en la cárcel, lo que ocasionó una «pérdida de ingresos» a la economía familiar, a lo que se sumaron los gastos derivados de los siete desplazamientos que tuvo que costear su esposa para visitarlo en la cárcel, en una ocasión acompañada de sus hijos.

En opinión de Carles Mundó, la «excepcional exposición mediática», con una permanente aparición de la propia imagen en todos los medios bajo la acusación de haber cometido graves delitos y con peticiones de condena de hasta 24 años «es una carga que, como se ha visto en la sentencia absolutoria, nunca debería haber soportado, y muchos menos la prisión preventiva más de un mes».

Esa exposición mediática, aduce, se ha concretado en «situaciones incómodas en el espacio público, en forma de insultos y otras expresiones inapropiadas», lo que supone un «elemento muy relevante» para reclamar un importe superior al que se solicita cuando no se acredita ninguna circunstancia especial.