La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | José María Cuadrado Jiménez

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El Gobierno destinará 10.000 millones de euros, de los 16.000 anunciados en ayudas directas para las autonomías por la crisis de la COVID-19, a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, de los cuales 6.000 millones se pagarán «a corto plazo» y los otros 4.000 millones en el segundo semestre del año, ha informado hoy el Ministerio de Hacienda.

En un comunicado, indica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido la tercera reunión de coordinación por videoconferencia con los consejeros del ramo de las autonomías para tratar la respuesta económica a la situación de emergencia sanitaria y detallar el reparto de los 16.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo el domingo, que se «habilitarán como transferencias directas que las comunidades no deberán devolver ni les generará carga de intereses ni mayor deuda pública».

«El importe del fondo se basa en las estimaciones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales, así como la caída de los ingresos propios por la menor actividad», aclara Hacienda y destaca que, de los 16.000 millones, 5.000 millones irán destinados a paliar la caída de la actividad económica en las comunidades autónomas, mientras que 1.000 millones serán para atender el gasto social.

Montero ha insistido a los consejeros autonómicos en que el Estado asumirá «el impacto en sus cuentas públicas de la pandemia» y garantiza así que «todas las comunidades cuenten con recursos para dar un servicio sanitario de calidad y universal».

El fondo será aprobado mediante real decreto para, según Montero, agilizar su puesta en marcha, y en la nueva normativa se establecerán los criterios de reparto.

Por ejemplo, el Ejecutivo propone que de los 6.000 millones de euros que se adelantarán inmediatamente, el 35% sea para ingresos en UCI, el 25% para hospitalizaciones, el 20% para casos positivos confirmados por test PCR y otro 20% para atender a «población ajustada o protegida equivalente».

Hacienda argumenta, en el caso del primer reparto, que en la distribución «tienen más peso las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud».

En cambio, en el segundo tramo, «la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia porque se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote», añade en la nota.

La ministra de Hacienda se ha comprometido a revisar la propuesta para que recoja también las de los consejeros autonómicos, al tiempo que ha señalado que las comunidades que han sufrido un mayor impacto por la pandemia serán las que más recursos reciban.

También ha trasladado a los consejeros autonómicos que los 1.000 millones para el gasto social se repartirán bajo el mismo criterio que el Fondo Social Extraordinario de 300 millones que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo, de manera que primarán criterios como la superficie, la población dependiente, mayores de 65 años o la dispersión.

Finalmente, Montero ha dicho que el reparto de los 5.000 millones de euros se debe determinar en función de la caída de ingresos de cada autonomía y que la fórmula exacta debe salir de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

Según Hacienda, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación «una cifra récord de 115.887 millones», un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.903 millones más.