Independentismo catalán

El Tribunal de Cuentas investiga a Jové, negociador del acuerdo Gobierno-ERC, por el 1-O y podría embargarle

| Madrid |

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Josep María Jové, junto a Gabriel Rufián, en la mesa de negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez.

Josep María Jové, junto a Gabriel Rufián, en la mesa de negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez.

Europa Press

El Tribunal de Cuentas ha acordado añadir a la lista de investigados por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a Josep María Jové, ex 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Jové ha sido uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez.

El Tribunal también ha citado al actual secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta. Ambos han sido citados el próximo 28 de enero, junto al resto de investigados, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Junqueras y otros 16 altos cargos para conocer la liquidación provisional de los gastos del 1-O.

El procedimiento comenzó a finales del año 2018 con las denuncias presentadas por la Fiscalía y por y Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

Aunque la instrucción se dio por concluida el pasado mes de noviembre, cuando se citó a Puigdemont y al resto de miembros de su Govern, la instructora ha acordado sumarles a la investigación tras estudiar la documentación que le ha ido llegando, según han informado las fuentes consultadas.

Jové está procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación por los preparativos del 1-O.

La Guardia Civil encontró en su domicilio una agenda Moleskine, con anotaciones clave sobre el proceso soberanista, y el documento 'Enfocats', que marcaba la 'hoja de ruta' independentista, aunque él ha negado su autoría.

Pero estos hechos no fueron impedimento para que el PSOE aceptara a Josep María Jové en la mesa de negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, el propio presidente del Gobierno le citó en la sesión de investidura para agradecerle el pacto. «Quería dar las gracias y que conste en acta, tanto a la señora Vilalta como al señor Jové y a usted mismo -en referencia a Gabriel Rufián-, por haber logrado junto con José Luis Ábalos, Salvador Illa y Adriana Lastra este importante acuerdo que permite desbloquear la situación y formar gobierno».

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ha llevado a cabo toda la investigación relativa a los preparativos del referéndum, también ha procesado a Ginesta por presunta malversación de caudales públicos.

La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que, a su juicio, se debe reclamar. Sí que cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

Los investigados conocerán dentro de tres semanas la cuantía que el órgano fiscalizador considera que se destinó de fondos públicos al 1-O, por lo que fijará previsiblemente una fianza provisional conjunta y solidaria a la que deberán hacer frente cada uno de los investigados para garantizar el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado en caso de que sean condenados.

Ninguno de ellos tienen la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas ese día, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará de los detalles de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva. Será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional, que es diferente al penal, y la Sala de Justicia de este órgano celebre la vista para juzgar a Puigdemont, sus exconsejeros y altos cargos.

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Uffff
Hace 8 meses

Qué hace el gobierno de España pactando con éstos.... Y con Torra una vez suspendido de sus cargos, también se va a reunir...??? En fin, Sánchez, más bajo no se puede caer como presidente del gobierno de España.

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Represàlies
Hace 8 meses

I si no els troben cap irregularitat, se la inventaran.Perque poca confiança genera, l'estat espanyol.

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