El problema reside en cómo pagar a los abogados de oficio que acuden, por orden del juez, a ejercer la defensa de una persona a la que después no se le reconoce el derecho a la asistencia justicia gratuita -reservada a quienes carecen de medios económicos suficientes-.
Hasta ahora el Ministerio de Justicia se hacía cargo de todos los pagos en los territorios sin la competencia transferida, pero en octubre se plantó y exigió a los colegios de abogados que certificaran que los expedientes que le trasladaban mensualmente para ser abonados tenían reconocido el derecho a la justicia gratuita.
Ante el riesgo de que se congelara el pago a todo el turno de oficio, así lo hicieron los colegios afectados: de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, Ceuta y Melilla, y el de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal.
Pero ya han anunciado que van a acudir a los tribunales. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juzgado designará un abogado de oficio para asumir la defensa de una persona si lo considera oportuno y el afectado no lo hace y los letrados apuntados al turno de oficio deben encargarse de estos casos, sin saber si su defendido tiene derecho formalmente a la asistencia gratuita.
Es una comisión la que tiene que acreditarlo después tras comprobar la situación económica y patrimonial de la persona, pero, alertan los abogados, son muchas las circunstancias en las que ese trámite resulta insalvable porque el afectado no lo realiza, no remite la documentación necesaria o incluso se encuentra en situación tan precaria que carece de domicilio reconocido para ser notificado.
El letrado podría reclamar su minuta a esa persona, pero, alertan muchos abogados enfurecidos con el Ministerio en las redes sociales, sabe que es una misión imposible en la mayoría de los casos.
Justicia ha explicado que ha tomado la decisión de cribar los pagos después de que tanto la Abogacía del Estado como la Intervención delegada de la Intervención General del Estado (Hacienda) le alertaran de que se estaba actuando de forma irregular.
El aviso saltó, apuntan fuentes de este departamento, tras revisarse el convenio suscrito por el anterior gobierno, con Rafael Catalá como ministro, para cubrir las minutas de los abogados de oficio del caso Gürtel, trama de corrupción que golpeó al PP.
Se había pagado, por ejemplo, la defensa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, la del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega o la de varias empresas implicadas, que no pueden contar con el turno de oficio.
Según Justicia, con esas advertencias sobre la mesa no pueden seguir pagando el turno del oficio de personas que no tengan reconocido formalmente el derecho a la asistencia gratuita y, de hecho, la Intervención delegada ha pedido que se audite ese servicio en años previos a las irregularidades detectadas.
En un pleno celebrado el viernes, el Consejo General de la Abogacía Española decidió acudir a los tribunales desde el convencimiento de que el Gobierno «no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años».
No dudó además en pedir la dimisión «inmediata» de Delgado ante una decisión que consideran «incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por su carácter unilateral».
De acuerdo con los expedientes remitidos por los colegios a Justicia cumpliendo las nuevas reglas, los correspondientes a octubre, el Ministerio ha señalado que abonará algo más de cuatro millones de euros para sufragar el servicio prestado ese mes, el 95 % de lo reclamado inicialmente por los abogados.
Según el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita, en 2018 las comisiones de asistencia jurídica gratuita en los territorios dependientes del Ministerio confirmaron el 83 % de los expedientes presentados.
El presupuesto de Justicia para el turno de oficio este año se fijó en un máximo de 48,68 millones de euros.
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