El denso humo negro obligó a los vecinos más próximos a la zona a confinarse en sus casas ante la activación del Plan de Emergencias Químicas. | Efe

En plena emergencia climática, con los líderes de medio mundo teorizando en Madrid sobre todo el trabajo pendiente que queda por delante para salvar el medio ambiente y el futuro y presente del planeta, un virulento incendio en un polígono industrial de Barcelona causó alarma. La naturaleza de los productos que almacenaba una empresa provocaron unas llamas colosales, que tardaron todo un día en controlarse, y un humo negro denso que obligó a miles de vecinos a confinarse en sus casas. Incluso las aguas del río Besòs bajaban con residuos llameantes del incendio, pasado las poblaciones de Montornès del Vallès y Montmeló.

El vertido de disolventes al río producido durante las labores de extinción constituye ya en estos momentos un desastre ecológico de primera magnitud. Poco tardaron en aparecer los primeros peces muertos, su número es indeterminado, pero los expertos coinciden en señalar que la zona tardará en reponerse de un golpe que, tal vez, podría haberse evitado.

Todo esto fueron las consecuencias. Las causas concretas se investigan aunque ya conocemos algunos indicios, y estos no tienen buena pinta. Al parecer, la empresa que este miércoles se ha incendiado en un polígono industrial de Barcelona no pasó la inspección de medioambiente en marzo, según el informe sobre las instalaciones de Ditecsa elaborado por la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

La compañía, dedicada al reciclaje y eliminación de residuos peligrosos, incluyendo el aceite usado, no garantizó un «cumplimiento adecuado» de las condiciones fijadas en la autorización ambiental. Los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad constataron «incumplimientos» en las instalaciones, y uno de los ellos se calificó como relevante.

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Ante esta situación, instaron a la empresa a adoptar medidas de corrección y prevención para evitar «afección a las personas y al medio ambiente» a causa de esos incumplimientos. También advirtieron de que la corrección de los incumplimientos constatados sería objeto de una inspección ambiental adicional, y que las mejoras no excluirían una posible sanción.

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha explicado en un comunicado que la inspección de 2017 -que se cerró el 7 de mayo de 2018- terminó con una sanción de 48.000 euros que la empresa pagó.

Incendio en empresa de Montornès (Barcelona) activa Plan Emergencias Químicas

Le sancionaron porque la empresa almacenaba por encima de la capacidad permitida y por acumular envases vacíos fuera de lugar, y los técnicos también detectaron faltas en la trazabilidad en la gestión documental de residuos.

En 2019 la Agència de Residus de Catalunya abrió un nuevo expediente sancionador, que notificó el 8 de octubre con una sanción de 10.000 euros, y se cerró el 3 de diciembre. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic mantiene abierta una inspección a la empresa, de la que el comunicado de la Conselleria ha destacado que «no hay ningún aspecto que afecte al medio ambiente».

Ante esta situación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue diametralmente clara. No cabe impunidad frente a un desastre ecológico que no puede repetirse.