El vertido de disolventes al río producido durante las labores de extinción constituye ya en estos momentos un desastre ecológico de primera magnitud. Poco tardaron en aparecer los primeros peces muertos, su número es indeterminado, pero los expertos coinciden en señalar que la zona tardará en reponerse de un golpe que, tal vez, podría haberse evitado.
Todo esto fueron las consecuencias. Las causas concretas se investigan aunque ya conocemos algunos indicios, y estos no tienen buena pinta. Al parecer, la empresa que este miércoles se ha incendiado en un polígono industrial de Barcelona no pasó la inspección de medioambiente en marzo, según el informe sobre las instalaciones de Ditecsa elaborado por la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.
La compañía, dedicada al reciclaje y eliminación de residuos peligrosos, incluyendo el aceite usado, no garantizó un «cumplimiento adecuado» de las condiciones fijadas en la autorización ambiental. Los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad constataron «incumplimientos» en las instalaciones, y uno de los ellos se calificó como relevante.
Ante esta situación, instaron a la empresa a adoptar medidas de corrección y prevención para evitar «afección a las personas y al medio ambiente» a causa de esos incumplimientos. También advirtieron de que la corrección de los incumplimientos constatados sería objeto de una inspección ambiental adicional, y que las mejoras no excluirían una posible sanción.
La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha explicado en un comunicado que la inspección de 2017 -que se cerró el 7 de mayo de 2018- terminó con una sanción de 48.000 euros que la empresa pagó.
Le sancionaron porque la empresa almacenaba por encima de la capacidad permitida y por acumular envases vacíos fuera de lugar, y los técnicos también detectaron faltas en la trazabilidad en la gestión documental de residuos.
En 2019 la Agència de Residus de Catalunya abrió un nuevo expediente sancionador, que notificó el 8 de octubre con una sanción de 10.000 euros, y se cerró el 3 de diciembre. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic mantiene abierta una inspección a la empresa, de la que el comunicado de la Conselleria ha destacado que «no hay ningún aspecto que afecte al medio ambiente».
Ante esta situación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue diametralmente clara. No cabe impunidad frente a un desastre ecológico que no puede repetirse.
6 comentarios
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És evident que l'accident no té res a veure amb la independència. Sí que té a veure amb què els polítics siguin ineptes, i, d'aquestos, a les Balears, en tenim un bon grapat.
Los politicos siempre muy preocupados de lo importante. ¿No se suponia que estos líderes tan preparafos tenían soluciones para todo? Están como para sacar adelante un "país" . Menos postureo y mas trabajar
Ja en poden fer de cumbres contra el "cambio climático"...
Que no dimita nadie.
es el triste resultado de estar "gobernados" por incapaces e irresponsables a los que les importa mas "una ficticia independencia" que la seguridad y progreso de sus gobernados...mal por el medio ambiente y mal por los ciudadanos españoles que viven en cataluña
A que se dedica la Generalidad Catalana? A abrir embajadas, a visitar a puchidemont, a permitir bloqueos de autopistas, vías de tren, aeropuertos, calles, etc etc, y llevamos así 10 años, mientras Cataluña se hunde. Lo que les espera a los residentes en Cataluña si el resto de España se fuera de allí.