La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, durante la reunión de la Diputación Permanente del Congreso. | Emilio Naranjo

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El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez logrará este miércoles la convalidación parlamentaria de su decreto digital que permite actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo, gracias al voto favorable que el PP y Ciudadanos brindarán al PSOE, mientras que Unidas Podemos se abstendrá.

Al final de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso tendrá lugar la votación que permitirá convalidar este decreto que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de octubre para hacer frente a Identicat, el registro de la Generalitat de ciudadanos catalanes, entre otras cuestiones.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha pedido, en su comparecencia previa al debate, el apoyo a este real decreto ley sobre seguridad digital en una intervención en la que en ningún momento se ha referido a que se trata de un texto que permite actuar en las páginas web del independentismo y la Generalitat.

La diputada del PP Ana Vázquez Blanco ha anunciado que su grupo apoyará al Ejecutivo en funciones porque está de acuerdo con parar «la República catalana digital» y entiende que el Gobierno «se vio obligado a aprobar el decreto en plena campaña electoral» para darle toda la fortaleza al DNI español ante la amenaza de la Generalitat.

No obstante, la diputada del PP ha considerado «una indignidad» que sea el PP quien «tenga que tragar» y apoyar al Gobierno en funciones en su decreto «incluso con las posibilidades de que sea recurrido por inconstitucional», mientras el PSOE busca un acuerdo con los independentistas.

Y en ese sentido ha lamentado que el PSC -ha dicho- apoyase una iniciativa junto a ERC en el Ayuntamiento de Barcelona para «echar a la Policía Nacional» de su sede de Via Laietana, un posicionamiento que considera una «cesión indignante al independentismo».

También Ciudadanos, según han informado desde el grupo, prestará su apoyo a un decreto que el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ha definido como una «chapuza legislativa» pero que, según ha puesto en valor, permitirá actuar contra una administración que «ya ha organizado de manera ilegal dos votaciones».

En cambio, el representante de Ciudadanos ha lamentado que planeen buscar como socios de gobierno a los independentistas. «Están a tiempo de tender la mano a quienes velan por el interés de los españoles, de no tener ministros que hablen de presos políticos», ha asegurado.

Mientras el PP y Cs apoyarán el decreto del Gobierno, su socio Unidas Podemos, que ha acordado una coalición con el socialista Pedro Sánchez que ahora necesita de apoyos parlamentarios, se abstendrá después de plantear una serie de cambios para que cuente con mayores garantías, según han informado desde la coalición.

El viraje en la postura de Unidas Podemos se debe a que la ministra en funciones ha asegurado que tendrá en cuenta «algunas de las propuestas» que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y ha dicho que se podrá seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura.

La ministra en funciones, en su intervención final, ha defendido que la norma respeta el ordenamiento jurídico después de que varios grupos hayan puesto en duda su constitucionalidad.

Un día antes de la reunión entre los equipos negociadores de ERC y el PSOE para la investidura, la diputada republicana Montserrat Bassa ha dicho al PSOE que haría bien en retirar su real decreto «no por un pacto» sino por «pura democracia».

«No tenemos claro adónde quieren llegar», ha asegurado Bassa, que ha avisado a los socialistas de que «no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política».

También la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, ha lamentado que «de manera precipitada y con suma frivolidad» el Gobierno en funciones pretenda convalidar un real decreto que, en su opinión, es un «un golpe de estado digital».

El PNV rechazará del mismo modo el decreto porque, según el diputado Mikel Legarda, supone «una intervención por la vía de hecho» por las administraciones autonómicas y por ello ha instado al Ejecutivo a reconducir la situación a la mayor brevedad posible.

Bildu, que también se opondrá, ha pedido «llamar a las cosas por su nombre» pues, ha dicho Mertxe Aizpurua, «esto es la ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías» y «cualquier cosa» puede a partir de ahora «considerarse una amenaza».

Tampoco Compromís aprobará un decreto que, según el diputado Joan Baldoví, se debería haber tramitado de otro modo y debatido «con sosiego, sin prisas, y con mucha más calma».

La norma que previsiblemente será convalidada este miércoles tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.