Carles Puigdemont. | JOHANNA GERON

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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont recurrirá al Tribunal Federal de Canadá el rechazo del Gobierno canadiense a concederle la autorización para poder viajar al país.

Un comunicado de la oficina de Puigdemont explica que tras la negativa a entregarle la Autorisation de Voyage Électronique (AVE), su equipo de abogados, encabezados por Stéphane Handfield, recurrirá una decisión que consideran «precipitada y que no respeta la presunción de inocencia». El plazo para recurrir judicialmente es de 60 días, ha explicado a Europa Press el abogado.

El Gobierno de Canadá ya negó en marzo una autorización de entrada al país al expresidente de la Generalitat, que la había solicitado para hacer una gira en abril por Québec, organizada por la Société Saint-Jean Baptiste (SSJB) de Montréal, entidad fundada en 1834 y «una referencia en la defensa y promoción de la soberanía de Québec y la defensa del francés como lengua común» de sus ciudadanos.

En aquella ocasión, Puigdemont tramitó la petición a través de una web que no era la oficial del Gobierno canadiense y que no le informó cuando éste le solicitó más información sobre su visado, así que le fue denegado.

El expresident volvió a cursar una petición en mayo pero la respuesta, en lugar de unos pocos días como es habitual, ha tardado cinco meses. Según ha explicado Handfield, el rechazo se basa en las acusaciones que pesan contra él desde 2017, no en la orden de detención internacional que el juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, acaba de reactivar contra él.

La AVE es un requisito exigido por Canadá desde 2016 a todos los ciudadanos de países exentos de visado que lleguen al país en avión, su solicitud se hace por Internet y, en la mayoría de casos, se tramita «en cuestión de minutos», como apunta el Departamento canadiense de Inmigración.

Puigdemont ha agradecido el apoyo de la sociedad del país, sobre todo la de la SSJB, así como la moción aprobada el miércoles por unanimidad en la Assemblée Nationale del Québec que recoge la «preocupación por las sentencias dictadas contra los políticos catalanes y pide una solución política, democrática y pacífica para Catalunya».